En el día de hoy, el Gobierno de Javier Milei logró la media sanción de dos proyectos de ley clave. Por un lado, la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, por el otro, la ley de reincidencia y reiterancia.
En la noche del jueves, la Cámara de Diputados dio luz verde y envió al Senado esta reforma clave en materia de seguridad, que endurece las penas para reincidentes y reitera la lucha contra la llamada «puerta giratoria«, una de las principales preocupaciones del Gobierno de Milei.
El proyecto en cuestión obtuvo 138 votos a favor, 94 en contra y una abstención en la votación general. Posteriormente, en la votación en particular, se validó con un número menor de legisladores, aunque sin comprometer su aprobación.
Entre los bloques que respaldaron la iniciativa se encontraron La Libertad Avanza, el PRO, diversas fracciones de la UCR y otros espacios provinciales, mientras que el kirchnerismo y la izquierda, como era de esperarse, votaron en contra. Ahora, se espera una férrea oposición del sector kirchnerista en el Senado.
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El primer artículo del proyecto establece que «se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme«.
Esta disposición es uno de los pilares fundamentales de la reforma, que fue detallada en el recinto por la diputada del PRO y presidente de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
La legisladora por Córdoba explicó: «¿Qué es lo que pasa? Cuando un delincuente sale a cometer otro delito, y hay muchos que no tienen pena de cárcel inmediata, como robar un quiosco, se lo detiene pero se lo suelta y nunca cumple la pena efectiva de prisión para que sea considerado reincidente«.
Rodríguez Machado agregó que, con las modificaciones introducidas, «para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme«.
Luego, Rodríguez Machado subrayó otro punto clave de la reforma: «cuando un delincuente comete muchos delitos, no hay un criterio legal único para la pena total, a veces se hace un ‘mix’, y eso tampoco va a pasar más, ya que la pena final va a ser por la sumatoria de todos esos delitos«.
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Además, la legisladora cordobesa diferenció los conceptos de «reiterancia» y «reincidencia«. Explicó que, hasta ahora, los jueces solo evalúan la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la causa al dictar prisión preventiva.
Sin embargo, con la reforma impulsada por el Gobierno de Milei, se agregará un tercer criterio: los antecedentes del acusado, que deberán ser tomados en cuenta por el magistrado al momento de decidir sobre la detención.
Desde el kirchnerismo, la reacción a favor de los delincuentes fue inmediata y llegó de la mano del diputado rionegrino Martín Soria. «Rechazamos la intención, no supera el mínimo test de constitucionalidad«, afirmó.
Además, denunció falsamente que «buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar ciudadanos completamente inocentes. El eje central es sustituir la presunción de inocencia de los habitantes por la de un juez, sobre si cometerá un delito en un futuro. Es la futurología penal de los jueces, una categoría nueva, inédita«.
Como última oradora, la diputada libertaria María Celeste Ponce defendió el proyecto con firmeza y sostuvo que su propósito es «poner fin a la fiesta de los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial como si estuvieran en un parque de diversiones«.
