En una sesión marcada por tensiones, acusaciones cruzadas y un sospechoso consenso entre enemigos históricos, el Senado de la Nación rechazó las propuestas del Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
Los nombres en cuestión: el prestigioso académico Manuel García-Mansilla y el juez federal Ariel Lijo. Ambos, impulsados por el gobierno de Javier Milei, vieron sus designaciones truncadas por la alianza táctica entre el kirchnerismo y el PRO, lo que constituye un claro acto de obstrucción institucional al proyecto de cambio que lidera el Presidente.
La votación fue contundente, pero no por razones jurídicas sino políticas: García-Mansilla obtuvo 51 votos en contra y apenas 20 a favor, mientras que Lijo reunió 43 rechazos, 27 apoyos y una abstención.
En ambos casos, los números fueron construidos con la complicidad de sectores que, si bien dicen enfrentarse en lo discursivo, demuestran en los hechos que comparten una misma agenda de bloqueo sistemático al reformismo libertario.
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García-Mansilla, designado mediante decreto y ya juramentado “en comisión”, quedó ahora en el centro de un debate sobre su permanencia. La Casa Rosada reiteró que su nombramiento es válido hasta el fin de la legislatura en noviembre, en virtud de las facultades conferidas al Ejecutivo.
Además, el bloque kirchnerista y el sector del PRO se alinearon para rechazar el proyecto de Ley de Ficha Limpia impulsado por el Gobierno de Milei, que busca impedir que personas con condenas por delitos contra la administración, puedan ser candidatas y ejercer cargos públicos. L
a normativa propuesta por La Libertad Avanza representaba un paso decisivo; su aprobación hubiese dejado automáticamente fuera del juego electoral a figuras como Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la causa Vialidad y con sentencia confirmada por Casación.
Respecto a los pliegos, la oposición —con especial protagonismo del macrismo y del kirchnerismo— no solo desconoce este derecho, sino que denuncia una supuesta “usurpación del cargo”, una acusación sin sustento jurídico que exhibe el nivel de desesperación política de quienes ven peligrar sus cuotas de poder en la Justicia.
Paradójicamente, durante la audiencia pública del 28 de agosto, el propio García-Mansilla había dicho que no aceptaría una designación por decreto, pero lo hizo al constatar el bloqueo anticipado que venía fraguándose en el Senado.
Un gesto de responsabilidad institucional que fue interpretado con malicia por los mismos que, durante décadas, pusieron y sacaron jueces “a dedo” desde los sótanos del poder.
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El quórum necesario (37 senadores) se alcanzó gracias a 32 miembros del Frente de Todos, sumados a los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Martín Lousteau (CABA); los macristas Alfredo De Ángeli y Victoria Huala; y Francisco Paoltroni, hoy alineado con la vieja política. La ausencia de varios senadores del PRO y la UCR fue notoria y funcional al objetivo de dinamitar la iniciativa del oficialismo.
La sesión fue presidida por el oficialista Bartolomé Abdala, quien sostuvo el marco institucional pese a las provocaciones. Sin embargo, las voces más estridentes fueron las opositoras: Guadalupe Tagliaferri, alfil de Rodríguez Larreta y jefa de la Comisión de Acuerdos, repitió argumentos de cupo de género y “constitucionalidad” para oponerse a los candidatos, mientras que el radical Lousteau llegó a calificar su voto como “el más fácil de su carrera”, mostrando la liviandad con la que ciertos sectores tratan decisiones fundamentales para el país.
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El pampeano Pablo Bensusán y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, parte del ala más dura del kirchnerismo, no se privaron de lanzar dardos contra el Ejecutivo. Sagasti, incluso, intentó vincular el decreto presidencial con una supuesta “inestabilidad económica”, en una pirueta argumental que solo puede sostenerse desde su mediocre ideología.
José Mayans, jefe del bloque kirchnerista y fiel ejecutor de las órdenes de Gildo Insfrán, fue aún más lejos: acusó a García-Mansilla de “usurpar el cargo” y exigió su renuncia inmediata. No ahorró críticas a la Corte por haber tomado juramento, a la que tildó de “servil”. Sus palabras exponen con crudeza el resentimiento de una clase política que ya no controla el Poder Judicial como en el pasado reciente.
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