El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, presentó una contundente denuncia por mal desempeño contra el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusación, radicada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, surge luego de que el magistrado dictara una cuestionada medida cautelar que obliga a la Policía de la Ciudad a custodiar la marcha de jubilados prevista para el próximo 9 de abril, excluyendo expresamente a las fuerzas de seguridad federales de toda intervención.
La presentación fue realizada por el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Soto, quien sostuvo que Gallardo actuó “sin competencia ni jurisdicción” y con una “clara intencionalidad política”. La resolución judicial fue dictada a raíz de un amparo presentado por la CGT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), liderada por Juan Grabois, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), encabezada por Julio Piumato.
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La denuncia remarca que Gallardo habilitó de manera irregular días y horarios inhábiles para dictar la medida, en un contexto que no justificaba urgencia real. Además, se recuerda que el Ministerio Público Fiscal se había opuesto expresamente a la intervención judicial, por considerar que “no existía un caso judicial concreto” y que “la cuestión ya había sido rechazada previamente por falta de legitimación activa y jurisdicción”.
“La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad”, sostiene la denuncia.
Desde el Ministerio de Seguridad se destacó que la resolución del juez porteño representa una intromisión directa en competencias federales, violando abiertamente la Ley de Seguridad Interior (N.º 24.059) y afectando el ejercicio legítimo de funciones asignadas por la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo. En ese marco, Gallardo no solo resolvió a favor de los gremios, sino que notificó formalmente a todas las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria– que debían abstenerse de intervenir, incluso en el caso de amenazas al orden público.
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En un apartado especialmente delicado, la denuncia menciona prácticas de “forum shopping”, una maniobra judicial que consiste en elegir el juzgado más proclive ideológicamente a fallar en favor de determinadas causas. El caso fue presentado por los amparistas un viernes 4 de abril por la tarde, con el objetivo de que Gallardo habilitara días inhábiles, evitando así que el expediente cayera en el juzgado de turno. “El juez justificó su participación basada en la urgencia de la tutela judicial ante un riesgo cierto y previsible, cuando los hechos invocados eran completamente hipotéticos”, detalla el texto oficial.
La resolución firmada por Gallardo ordena explícitamente que las fuerzas federales “se abstengan de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta”. También dispone que el Ministerio de Seguridad Nacional “retire su accionar” de las inmediaciones del Congreso Nacional durante la movilización, con el argumento de que se trata de “una controversia administrativa local”.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal alertó que esa afirmación carece de sustento jurídico, ya que las cuestiones vinculadas al accionar de fuerzas federales deben ser tratadas exclusivamente en el fuero federal. La denuncia oficial advierte que esta resolución “restringe indebidamente el rol de las fuerzas federales en garantizar la seguridad” y concluye con una afirmación categórica: “No intervenir implicaría declinar las misiones y funciones de seguridad asignadas constitucionalmente al Estado Nacional”.
El texto entregado al Consejo de la Magistratura porteño solicita la apertura de un sumario investigativo para determinar si existió mal desempeño por parte del magistrado. En caso de comprobarse las irregularidades, Gallardo podría enfrentar sanciones disciplinarias e incluso un eventual juicio político.
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