El Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Salud de la Nación, en línea con su política de recorte del gasto público, decidió no renovar el subsidio que recibía la polémica Fundación de la Hemofilia.
En este contexto, se reavivió una grave polémica que involucra a esta institución que desde hace décadas concentra la atención de pacientes con trastornos hemorrágicos hereditarios como la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand.
Entre 1985 y 1992, más de 1000 pacientes hemofílicos contrajeron VIH y hepatitis C tras ser tratados con factores coagulantes contaminados, suministrados por la propia Fundación. Esos productos, importados en su mayoría desde Estados Unidos y Europa, no estaban debidamente tratados para eliminar virus transmisibles por sangre.
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La Fundación continuó utilizándolos incluso cuando ya existían procedimientos seguros, lo que llevó a la apertura de una causa penal. A pesar del escándalo, el médico que la presidía la Fundación, Pedro Pérez Bianco, siguió ejerciendo el cargo hasta que se jubiló después de 2010.
El juicio oral recién comenzó en 2011 y concluyó en 2020 con la absolución de los imputados, como Pedro Pérez Bianco y Miguel de Tezanos Pinto, así como el abogado Enrique Grilli, fueron exculpados bajo la excusa de que no hubo «intención delictiva», aunque sí se reconoció que hubo negligencia. Para muchas familias, fue un fallo que dejó heridas abiertas.
De las más de mil personas que contrajeron enfermedades durante sus tratamientos en la Fundación de la Hemofilia, la gran mayoría murió. Para el año 2020, solo seguían vivas unas 50.
El abogado de los querellantes, Gonzalo Giadone, había expresado su pedido de una condena ejemplar, solicitando penas de 14 y 15 años de prisión para Pérez Bianco y Tezanos Pinto, a quienes consideró con una “alta responsabilidad” en los hechos y acusó de haber actuado con “contagio doloso”.
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