En Córdoba, el Concejo Deliberante se encuentra en plena discusión de un proyecto de ordenanza que propone establecer un cupo para vehículos que operan a través de aplicaciones de viajes, equiparando la regulación a la vigente para taxis y remises.
La propuesta plantea una habilitación por cada 375 habitantes, lo que permitiría un máximo de 3.998 autos en plataformas digitales, excluyendo del cupo a taxistas y remiseros que ya utilizan estas aplicaciones. Además, se incorporan requisitos como licencia profesional, documentación actualizada y controles de seguridad.
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Uber respondió con una campaña dirigida a sus usuarios y conductores, advirtiendo que la regulación “pone en riesgo la movilidad” y que “los viajes serán más caros”. La empresa sostiene que la limitación dejaría sin trabajo a aproximadamente el 80% de sus conductores actuales, afectando a más de 11.000 personas que dependen de la plataforma para generar ingresos.
Asimismo, señala que la reducción en la oferta impactaría en los tiempos de espera y en el costo final para los usuarios, promoviendo una petición bajo el lema “#NoAtrasemosCBA” para frenar la ordenanza.
Desde el oficialismo, se argumenta que la iniciativa busca ordenar un sector que actualmente opera sin regulación clara, garantizando transparencia y seguridad para usuarios y conductores.
Sin embargo, la propuesta limita la competencia y la libre oferta de servicios, aspectos que desde una perspectiva de mercado abierto podrían afectar la innovación y la accesibilidad del transporte urbano.
El proyecto se encuentra próximo a ser votado en el Concejo Deliberante, en un contexto donde la actividad de Uber está formalmente habilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La discusión plantea un equilibrio entre la necesidad de regulación y la preservación de un mercado dinámico que permita la libre competencia y la generación de empleo a través de plataformas digitales
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