La periodista ultra kirchnerista Julia Mengolini decidió denunciar a la totalidad de la gente del ámbito liberal. Desde el Presidente Javier Milei, pasando por la Diputada Nacional Lilia Lemoine, el legislador provincial Agustín Romo, el director Santiago Oría, e incluso a simples civiles que utilizan a la red social X como Daniel Parisini (Gordo Dan), al “negro” Almeida, a los usuarios TraductorTeAma y lorem ipsum, e incluso a quien escribe estas líneas.
La imputación que alega es amenazas, intimidación pública, apología del delito, asociación ilícita y malversación de caudales públicos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
En su denuncia, Mengolini afirmó que las expresiones que recibió en su contra a partir de la filtración de una presunta relación íntima que mantendría con su hermano consistían, según dice, en un plan sistemático de amedrentamiento armado desde el Estado, todo ello en cabeza del Presidente Milei, quien a su vez, según sostiene, le habría pagado al resto de los seres humanos del ámbito liberal para avanzar contra su persona.
La maniobra de Mengolini, sin perjuicio de lo delirante de sus afirmaciones, no solo constituyen una denuncia falsa interpuesta con el solo fin de tomar algún tipo de notoriedad con fines políticos, sino también una verdadera molestia para todas las personas que ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión.
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La reacción de la gente con Mengolini a partir de la filtración responde exclusivamente a sus propios dichos en el programa ultra kirchnerista “Duro de Domar”, conducido con el reconocido mejor amigo de los niños, Pablo Duggan, en el cual afirmó sin ningún tipo de pudor que el por entonces candidato presidencial Javier Milei mantenía una relación incestuosa con su hermana. Y son estas mismas afirmaciones las que la propia gente le recordó a Mengolini una vez que saltó a la luz la supuesta relación carnal entre ella y su hermano.
Este victimismo al cual incurre Mengolini se contradice con sus propias expresiones habituales en su ignoto programa radial transmitido por el medio de su propiedad, Futurock. Es que la periodista llamó públicamente y múltiples veces a golpear e incluso asesinar a streamers y periodistas como Tipito Enojado y el “negro” Almeida.
Incluso, su propio compañero de programa, el ex convicto por múltiples robos y narcotráfico reconvertido en legislador porteño electo, el “pitu” Salvatierra, expresó de forma directa que asesinaría a tiros a cualquier votante de Milei que pretendiera acercarse a ellos, todo ello bajo la profunda risa de Mengolini.
Estas expresiones motivaron la presentación de una denuncia por amenazas coactivas e intimidación pública. Ello así porque no solo pretende atemorizar a personas indeterminadas (esto es, los votantes de Milei como término genérico), como así también a las personas que ella denunció falsamente, existiendo de este modo personas determinadas y en consecuencia amenazas agravadas.
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A ello se le suma la denuncia que el “negro” Almeida presentó contra la propia Mengolini a partir de su llamado público a que lo golpeen y asesinen, pero también múltiples juicios civiles por daños y perjuicios por haber atacado y ofendido el honor y la libertad de expresión de civiles y periodistas.
Esta maniobra de Mengolini, común entre los kirchneristas, pretende criminalizar la libertad de expresión, y es apenas otro intento más entre tantos otros por silenciar a las personas que se expresan libremente en redes.
También lo ha intentado Malena Galmarini, fallida primera dama, fallida intendente y fallida denunciante en una mega causa que pretendió vincular a simples “twittero” con el ex Presidente Macri, el Presidente Milei, Fernando Cerimedo, movimientos evangélicos de Estados Unidos y hasta con la CIA.
Y también es intentado actualmente por organismos como FOPEA, y Diputados Nacionales como Cecilia y Leopoldo Moreau, Santiago Cafiero, Marcela Pagano, Esteban Paulón, entre otros opositores al gobierno.
El destino final buscado es silenciar voces disidentes que comprometan sus fines políticos espurios no solo ideológicos sino también económicos, a fin de no encontrar objeciones entre la opinión popular y así poder salirse con la suya.
Esto no ocurrirá. Primeramente, porque el legítimo ejercicio de la libertad de expresión de ningún modo puede considerarse delito, y menos aún los denunciados. Y segundo, porque el cuerpo social no solo seguirá expresándose del modo en que lo viene haciendo sino que, además, también llevará a tribunales a todos aquellos que pretendan silenciarlos.
Ya no hay más paciencia contra los delirios dictatoriales de la izquierda. Y si quieren llevar la contienda al ámbito judicial, será allí mismo donde deberán dar las explicaciones pertinentes, y por supuesto, pagar jugosamente por todas las molestias ocasionadas
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