En una repudiable acción que generó fuertes críticas en redes sociales, el senador Luis Juez votó en contra del veto presidencial de Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa golpista que, lejos de intentar ayudar a la sociedad, solo busca quebrar al Estado, destruir al Gobierno nacional, generar una nueva crisis económica y mandar a millones de argentinos a la pobreza.
La decisión del senador se produjo en el marco de una inédita revocación de un veto presidencial, un hecho que no ocurría en el Congreso argentino desde hace más de dos décadas. La posición adoptada por Juez se suma a otras acciones tomadas en el pasado en contra del Gobierno de Milei y a favor de los proyectos kirchneristas, como ocurrió con la expropiación de YPF, la cual fue apoyada por él.
Otros casos más recientes fueron, por ejemplo, el cierre de Vialidad Nacional, ícono de la corrupción kirchnerista, en donde, junto con la oposición, votó en contra. Lo mismo ocurrió con las leyes deficitarias de Financiamiento Universitario, o de Emergencia Pediátrica, que sabiendo que buscan quebrar al Estado y destruir al Gobierno, las apoyó igualmente.
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Tras el enojo de la sociedad, se comenzaron a realizar fuertes cuestionamientos contra el senador por su despilfarro de recursos públicos en el Estado. Según la información publicada por distintos medios, Juez cuenta con al menos 10 familiares desempeñándose en cargos públicos de diferentes niveles.
Entre ellos se encuentran su hijo Martín, concejal por la Ciudad de Córdoba; su hija María Agustina, escribiente auxiliar del Consejo de la Magistratura; y su hermano mellizo Daniel, legislador provincial. Además, otros familiares cercanos, como cuñados y sobrinos, figuran en organismos estatales, incluyendo el Ministerio de Salud de Córdoba, la ARCA, el Ministerio de Educación provincial, el Senado de la Nación, y el Tribunal de Cuentas de Córdoba.
La presencia de estos familiares en la administración pública generó enojo por ser prácticas de nepotismo, especialmente en un contexto en el que, además, Juez administra una plantilla de 22 asesores en el Senado, distribuidos con recursos equivalentes a más de 15 millones de pesos mensuales.
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Cada senador dispone de 7.338 módulos para contratar personal, y la decisión de Juez de mantener un número elevado de empleados y con salarios variables según categoría representa un uso repudiable del presupuesto destinado a la función legislativa, digno de un senador de la casta política.
El escándalo también se extendió a cuestiones personales, luego de que se viralizara la información de que el senador tuvo una hija con una mujer que no era su esposa y no se hizo cargo de la situación hasta que la justicia intervino. A esto se suma la polémica por la utilización de la menor, quien posee una discapacidad, en publicaciones políticas destinadas a destruir el plan económico del Gobierno de Milei, un hecho que generó una fuerte indignación en la sociedad.
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