El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario sancionada días atrás en el Congreso. La decisión fue comunicada oficialmente a la Cámara de Diputados y formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles.
La medida era esperada, dado que el propio mandatario había anticipado que rechazaría la iniciativa. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la norma implicaba un serio riesgo para el equilibrio fiscal y respondía a un objetivo político antes que educativo.
La ley había sido aprobada el 21 de agosto con el argumento de garantizar la protección y sostenimiento de la educación universitaria pública. Sin embargo, desde el Gobierno se advirtió que sus disposiciones hubieran generado un gasto sin respaldo presupuestario.
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Entre los puntos centrales del texto se incluía la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del 1 de enero de 2025, calculada según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
También se destinaban partidas específicas para «sostener salarios y condiciones laborales de docentes y no docentes«. Según el oficialismo, estas cláusulas fueron diseñadas para comprometer el plan de ajuste y forzar una expansión del gasto.
En los fundamentos del veto, el Ejecutivo señaló: “El artículo 83 de nuestra Constitución confiere al poder Ejecutivo la facultad de desechar en todo o en parte un proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación”.
Agregaron además: “La decisión del Presidente de vetar un proyecto de ley de ninguna manera implica un desconocimiento de las instituciones democráticas, sino que, por el contrario, es el ejercicio de una facultad expresamente prevista por el texto de nuestra Ley Fundamental”.
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El Gobierno remarcó que no se trata de una medida excepcional, sino de una práctica habitual de la democracia argentina. “El ejercicio de la facultad constitucional de observar un proyecto de ley no constituye una novedad en nuestra dinámica institucional y ha sido una práctica común a las distintas administraciones de los últimos cuarenta (40) años”, afirmaron.
En el oficialismo sostienen que el Congreso buscó avanzar con una norma que, bajo la noble bandera de la educación , tenía el verdadero propósito de condicionar la política económica del Gobierno.
De esta manera, el veto se presenta como un freno a una iniciativa que hubiera desequilibrado las cuentas fiscales y puesto en riesgo el programa de estabilización. Para Milei, defender el equilibrio presupuestario es indispensable para garantizar la sostenibilidad de todas las políticas públicas, incluida la universitaria.
La oposición, en tanto, ya convocó a una sesión especial en Diputados para el próximo miércoles con el objetivo de tratar el rechazo al veto presidencial.
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