La política tucumana sigue sumando episodios de tensión. La disputa entre Miguel Terraf, titular del Tribunal de Cuentas de Tucumán, y el diputado nacional del peronismo Carlos Cisneros marcó gran parte del 2024 con acusaciones cruzadas de corrupción y campañas difamatorias.
Sin embargo, la escalada de este conflicto ha tomado un giro aún más preocupante con hechos de amedrentamiento que involucran a una empresa de recolección de residuos vinculada al municipio.
Carteles y amenazas: la campaña contra el Tribunal de Cuentas
El enfrentamiento entre Terraf y Cisneros comenzó con carteles anónimos en toda la ciudad de Tucumán, donde se acusaba al funcionario de haber sido cómplice de hechos de corrupción durante la gestión de José Alperovich. Según colaboradores del Tribunal de Cuentas, esta ofensiva mediática formaría parte de una estrategia de difamación y presión política impulsada por sectores alineados con La Bancaria, el gremio que lidera Cisneros.
Sin embargo, el punto más grave se registró el 19 de diciembre de 2024, cuando las cámaras de seguridad captaron a cinco empleados de la empresa Transportes 9 de Julio, concesionaria de recolección de residuos, dejando un cofre en forma de ataúd en la entrada del Tribunal de Cuentas.
Un ataúd como mensaje de intimidación
El hecho quedó registrado en las imágenes de seguridad del edificio ubicado en Congreso 180, a solo tres cuadras de la Casa de Gobierno. Según el Tribunal de Cuentas, uno de los trabajadores extrajo un objeto con forma de ataúd de su carro recolector y lo dejó detrás de una columna central en la entrada del edificio.
Desde el organismo señalaron que este incidente no puede considerarse un hecho aislado y que debe interpretarse dentro de una campaña de desprestigio y amenazas contra sus autoridades.
“Interpretar este ‘mensaje’ como un hecho casual o inocuo sería de una candidez impropia de un análisis serio y responsable”, manifestaron desde el Tribunal.
Implicaciones políticas y sospechas sobre la Intendencia
El Tribunal de Cuentas también apuntó contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, liderada por Rossana Chahla, ya que la cartelería anónima fue instalada en espacios públicos de la capital con el aval de una empresa de publicidad. Esto motivó denuncias ante las autoridades municipales y presentaciones judiciales.
“No resulta descabellado inferir que estamos ante un acto de amedrentamiento. Un ataúd es un símbolo macabro de un funesto final”, indicaron desde el organismo de control.
Denuncia formal contra la Municipalidad y la empresa involucrada
Frente a la gravedad de los hechos, el Tribunal de Cuentas presentó una denuncia administrativa ante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En esta, se detalló que los autores del acto serían empleados de Transportes 9 de Julio S.A., empresa concesionaria de la recolección de residuos en la capital, cuyo contrato fue recientemente prorrogado por cinco años.
El Tribunal también advirtió que la empresa tiene una relación directa con la administración municipal, lo que genera dudas sobre posibles vínculos políticos en el ataque.
El rol del gremio y la intervención de un delegado sindical
Otro episodio llamativo fue la inesperada aparición de un delegado gremial de la empresa Transportes 9 de Julio en la sede del Tribunal de Cuentas. Según relataron fuentes del organismo, el representante sindical intentó justificar la acción de los empleados y pidió que no se tomaran represalias contra ellos.
Desde el Tribunal interpretaron esta visita como una maniobra para evitar que se iniciaran acciones legales contra los trabajadores involucrados.
Un conflicto que sigue escalando
El escándalo en Tucumán sigue creciendo y plantea múltiples interrogantes sobre el uso de campañas de difamación y métodos intimidatorios en la política provincial. Mientras el Tribunal de Cuentas sostiene que es víctima de una estrategia de hostigamiento, el trasfondo del conflicto involucra a actores políticos, gremiales y empresariales con intereses en juego.
La denuncia ya está en manos de la justicia, pero hasta el momento no se han anunciado medidas concretas. La expectativa está puesta en si se abrirá una investigación sobre los responsables de estos hechos y si la administración municipal dará respuestas sobre su posible implicancia.
