La defensa de la condenada por corrupción, la expresidente Cristina Kirchner, presentará este lunes un recurso de «queja» ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal revierta su condena en la causa conocida como «Vialidad«.
En lo que representa la última instancia de apelación, los abogados solicitarán que la Corte haga lugar al planteo y disponga la absolución de la expresidenta, quien recibió una pena de seis años de prisión.
El plazo para interponer recursos ante el máximo tribunal expira el martes, pero el abogado defensor Carlos Beraldi formalizará la presentación este lunes.
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El letrado reiterará que, según ellos, en el proceso «se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que recae sobre el Ministerio Público Fiscal«.
Por su parte, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, también elevará una «queja» ante la Corte, en la que solicitará que la condena de la exmandataria sea aumentada a 12 años de prisión bajo la figura de asociación ilícita.
La Corte y el plazo para resolver
Si la Corte Suprema acepta la queja, dará intervención a la Procuración General de la Nación, encabezada por Eduardo Casal, quien deberá emitir un dictamen sobre el caso.
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El pronunciamiento de la Procuración no es vinculante, por lo que la Corte—actualmente conformada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla—no está obligada a seguirlo.
En un año electoral, las especulaciones sobre el desenlace del caso son múltiples, pero lo cierto es que el máximo tribunal no tiene plazos establecidos para resolver el recurso.
La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner.
La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
La corrupta expresidente enfrenta una condena de seis años de prisión por fraude a la administración pública, ratificada por Casación.
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