Andrea Tuana, funcionaria del Ministerio del Interior y directora de la ONG «El Paso», fue sancionada tras sus controvertidas declaraciones televisivas.
Tuana, quien durante años ha trabajado bajo el argumento de defender a menores en situación de vulnerabilidad, ha sido señalada por promover un discurso de odio, desprecio y agravio injustificado hacia el género masculino en su totalidad.
Identificada con una corriente del feminismo radical, Tuana profesa una aversión extrema hacia los varones, sin distinción de edad, abarcando desde niños pequeños hasta ancianos.
|
La ONG que dirige, «El Paso», recibe desde hace tiempo fondos públicos de manera más o menos constante, financiándose con los impuestos de los ciudadanos uruguayos.
Además de su rol en dicha organización, Tuana ocupa un cargo en el Hospital Policial, dependiente del Ministerio del Interior.
La oposición a la tenencia compartida
Durante el debate del proyecto de ley sobre Tenencia Compartida o Corresponsabilidad en la Crianza, aprobado para garantizar que los niños mantengan vínculos con ambos progenitores tras la separación, Tuana y otras figuras del feminismo radical se opusieron férreamente.
Durante meses, llevaron a cabo una campaña que, según críticos, se basó en argumentos falaces y estrategias cuestionables.
Entre las afirmaciones más polémicas, sostuvieron que la ley expondría a los niños a «padres violadores» tras la separación, una declaración calificada como aberrante y destinada a socavar los lazos familiares y afectivos de los menores.
Estas acciones, financiadas en parte con recursos estatales, han sido objeto de controversia.
Si bien en una sociedad democrática es legítimo cuestionar un proyecto de ley, se reprocha el uso de falsedades y ataques infundados para influir en la opinión pública.
La sanción por sus declaraciones
En febrero de 2024, durante una entrevista en el programa Arriba Gente (Canal 10), Tuana afirmó que, desde hace años, observa casos en los que «niños son dejados en bocas de venta de drogas como garantía».
|
Según ella, esto ocurre cuando no hay dinero para saldar deudas relacionadas con el narcotráfico, y los menores son «recuperados» una vez que se paga.
Asimismo, vinculó estas situaciones a la explotación sexual asociada al tráfico de drogas.
Sus declaraciones generaron una respuesta inmediata. Diego Sanjurjo, asesor en la materia, reconoció la existencia de casos en los que menores son involucrados en actividades relacionadas con drogas, pero cuestionó la veracidad de las afirmaciones de Tuana.
«Ninguna institución tiene datos o evidencia de que esto haya ocurrido jamás», afirmó Sanjurjo, subrayando que, de ser cierto, tales hechos deberían haber sido denunciados formalmente por su gravedad.
A raíz de esto, el Ministerio del Interior, donde Tuana ejerce como funcionaria, le impuso una sanción leve: varios meses de suspensión con el cobro del 50% de su salario.
Reacción del feminismo radical
Tras la sanción, diversas organizaciones del feminismo radical han salido en defensa de Tuana, desestimando el Estado de Derecho y recurriendo a presiones a través de redes sociales y medios de comunicación.
En un sistema democrático, toda sanción, acertada o no, debe ser revisada por los canales institucionales correspondientes, y no mediante campañas de descrédito o intimidación.
br>Source link
