Guillermo Kraisman, exoperador del PJ, continúa detenido a ocho meses de su arresto por fraude estatal. El fiscal anticorrupción Franco Mondino confirmó que elevará la causa a juicio. Está imputado por intentar cobrar casi un millón de pesos con una identidad falsa.
El caso surgió tras una alerta de una empleada del Banco de Córdoba, que detectó una maniobra sospechosa. La acusada, Virginia Martínez, figuraba como asesora legislativa, pero niega haber trabajado allí. Según la Justicia, su madre entregó el DNI a Kraisman para concretar la estafa.
La mujer fue declarada inimputable al considerar que no comprende la criminalidad de sus actos. En cambio, el avance judicial golpea cada vez más alto dentro del esquema político. Funcionarios de la Legislatura de Córdoba ya han sido convocados a declarar.
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Más funcionarios señalados: apuntan a Fernández y Prunotto por falso testimonio
La legisladora Nadia Fernández firmó la contratación de Martínez y ahora deberá explicar su accionar en sede judicial. Fernández niega vínculos con la imputada y sostiene que el contrato fue dado de baja por incumplimientos. Sin embargo, hay registros de contacto entre ambas partes, según la investigación.
El abogado de Virginia Martínez, Gustavo Castellano, se prepara para denunciar a Fernández por falso testimonio. También implicará a otros funcionarios que, según él, mintieron ante el fiscal para cubrir responsabilidades internas. La presentación judicial será clave para determinar responsabilidades políticas.
Castellano también apunta a la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien firmó la designación que permitió el ingreso de Martínez. Busca que la vice también sea investigada penalmente. La defensa plantea que todo el mecanismo fue armado desde adentro de la estructura legislativa.
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Una estafa burda con el sello de siempre: contratos, cajas negras y silencio oficial
Martínez fue contratada en diciembre de 2024, pero afirma no haber firmado nada ni conocer a quienes la nombraron. El contrato fue gestionado por Fernández, que hoy intenta despegarse del caso. La empleada fantasma sostiene que fue usada sin su consentimiento por su madre y Kraisman.
El 16 de enero de 2025, Kraisman y una cómplice intentaron cobrar el sueldo con un DNI vencido de Martínez. El sueldo superaba los 950.000 pesos y se había depositado en una cuenta bancaria oficial. La maniobra fue frustrada por el sistema de control del banco y derivó en las detenciones.
Tras el escándalo, Kraisman ofreció pagar 1.500.000 pesos como reparación económica para acceder a un juicio abreviado. También pidió prisión domiciliaria, pero la Justicia no lo concedió. El fiscal Mondino decidió continuar con la causa y avanzar hacia el juicio oral.
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