El próximo viernes, la CIDH analizará una denuncia por el uso de la prisión preventiva en Córdoba, presentada por dos abogados penalistas locales. Los denunciantes aseguran que hay abusos sistemáticos, aunque omiten mencionar que la herramienta está prevista por ley y que los jueces pueden revisarla. El reclamo llega al organismo interamericano a través de una presentación contra el Estado argentino como responsable global.
La acusación se centra en detenciones prolongadas antes del juicio, presentadas como “condenas anticipadas”, pese a que existen recursos legales disponibles. Los abogados dicen que se usan como método de coacción, ignorando que un juicio abreviado requiere consentimiento, defensa técnica y homologación judicial. La figura de prisión preventiva está regulada por el Código Procesal Penal y no se aplica arbitrariamente.
Se habla de una supuesta vulneración a la presunción de inocencia, sin considerar que toda medida cautelar exige fundamentos específicos y control judicial. Que algunos detenidos reconozcan delitos bajo presión es una acusación grave que debe probarse, no simplemente afirmarse. Este tipo de generalizaciones socavan la confianza en el sistema penal y en sus operadores.
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Una ofensiva ideológica contra la justicia provincial desde un organismo internacional
Los denunciantes cuestionan también el uso de la figura de asociación ilícita, sin admitir que su aplicación se ajusta a casos con múltiples imputados y organización previa. La referencia al fallo Estancanelli se cita fuera de contexto, olvidando que la Corte Suprema no prohíbe su utilización, sino que exige ciertos requisitos. El planteo desconoce, abiertamente, la autonomía provincial para administrar su sistema penal.
Critican que los fiscales dicten la prisión preventiva, pese a que una acordada del TSJ dejó sin efecto una ley aún no implementada por falta de recursos. Sin embargo, esto ocurre dentro del marco institucional y legal de Córdoba, y no es competencia de un organismo extranjero. La intervención de la CIDH excede lo que debería ser una discusión interna del federalismo argentino.
El Comité contra la Tortura también participará, aunque sus informes muestran datos de contexto que no prueban violaciones sistemáticas ni prácticas inconstitucionales. Hablar de tortura por coacción procesal desvirtúa el verdadero significado de ese delito y banaliza situaciones graves. Córdoba necesita resolver sus problemas de manera autónoma, no someterse al escrutinio de organismos internacionales ideologizados.
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