El Gobierno anunció la baja de 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que habían sido otorgadas de manera irregular en gestiones anteriores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que la medida responde a un proceso de auditoría que busca garantizar que los beneficios lleguen solo a quienes cumplen los requisitos.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también informó la baja de 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron. Según cálculos oficiales, el ahorro para el Estado rondará los $35.000 millones mensuales.
Casos fraudulentos y cifras históricas
En la revisión se detectaron situaciones llamativas, como la presentación de la misma radiografía, ecocardiograma o medición de presión en múltiples expedientes. En Tucumán, por ejemplo, un mismo estudio médico se repitió en varias solicitudes.
No es la primera vez que se expone un fraude de este tipo: en Chaco, una radiografía de hombro fue utilizada para respaldar 150 solicitudes diferentes durante la gestión anterior.
Adorni recordó que entre 2003 y 2015, durante los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones pasó de 79.000 a más de 1 millón. Con Mauricio Macri, la cifra bajó levemente, pero volvió a aumentar hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, tras el mandato de Alberto Fernández.
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Comparaciones internacionales y proceso de auditoría
El portavoz subrayó que en Argentina el 4,6% de la población activa recibe este beneficio, mientras que en Israel —un país en guerra y con múltiples atentados— es del 3,5%.
Las principales razones detrás de las suspensiones incluyen incumplimiento de requisitos y ausencias injustificadas a auditorías. Estos procesos, realizados por médicos del PAMI y personal de la ANDIS, podrían derivar en bajas definitivas.
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Rechazo legislativo y advertencia oficial
El anuncio se produjo tras el rechazo en Diputados al veto presidencial a la ley que amplía el presupuesto en discapacidad. Adorni acusó al Congreso de defender un sistema corrupto y de haber favorecido el desvío de fondos públicos.
El Gobierno advirtió que la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social implicará un gasto adicional estimado en $2,16 billones en 2025 y más de $4,5 billones en 2026, sin contar los costos médicos adicionales del Programa Incluir Salud.
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