Desde diciembre de 2022 La Falda cobra un tributo sin aval legal ni proceso legislativo, incorporado al código de edificación sin haber sido votado. El gravamen se implementó aprovechando el fervor por el Mundial, tres días después de la final y sin informar a la ciudadanía. No hubo audiencias públicas, ni doble lectura, ni modificación de la tarifaria, violando la Carta Orgánica Municipal.
En la votación de la ordenanza deliberadamente se dejó fuera de la sesión el artículo que creaba este tributo, añadido ilegalmente después de la aprobación. Tampoco hubo asignación presupuestaria específica para lo recaudado y no se formó la comisión exigida, ni se publicaron las modificaciones. La maniobra violó principios constitucionales de legalidad y reserva de ley.
Las actas de la sesión prueban que el artículo que impone este cobro jamás fue tratado, e incluso si fuera un error carecería de validez. La falta de procedimiento legislativo lo vuelve inconstitucional, afectando el derecho de propiedad de los contribuyentes. El municipio aplicó un aforo del 10% o 15% sobre honorarios de cualquier obra mayor a 350 m².
Este “impuesto fantasma” golpea al sector privado, encarece inversiones y perjudica a la economía local. El tributo se cobra sin destino específico, ingresando a rentas generales, generando sospechas de malversación. La ilegalidad es absoluta y documentada.
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La primera de las que pueden ser múltiples demandas
El arquitecto Jorge Alfredo Veliz exige la devolución de $4,6 millones cobrados ilegalmente por la municipalidad. El pago fue en concepto de “derecho de edificación” para aprobar planos, sin base legal ni presupuestaria. Su abogada denunció violación de principios constitucionales y solicitó intereses y actualizaciones.
La demanda es por pago indebido, inconstitucionalidad y malversación de fondos. También por incumplir el proceso legislativo y carecer de destino presupuestario. Tras un año sin respuesta a su reclamo administrativo, Veliz acudió a la justicia, cansado de la constante indiferencia municipal.
A la par, muchos trabajadores de la construcción protestaron debido a los efectos del tributo ilegal. Afirman que encarece obras y frena inversiones en la ciudad, perjudicándolos de manera directa. Albañiles, arquitectos y proveedores de materiales aseguran que la medida afecta profundamente su actividad laboral.
La polémica creció cuando se supo que a Veliz le exigen $450 millones por una nueva obra. Existen también empresas que debieron pagar montos superiores a los $100 millones para poder edificar. En varios casos el tributo duplicó el valor del terreno, una aberración económica y jurídica.
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Fondos sin destino, cero transparencia y graves consecuencias legales
No existe un registro confiable que permita conocer el destino real de lo recaudado mediante estas prácticas ilegales y coercitivas en la vía pública. La falta de controles y auditorías permite que el dinero ingrese sin trazabilidad, generando un vacío que impide cualquier rendición de cuentas seria. Esta opacidad abre la puerta a desvíos y corrupción, mientras la ciudadanía queda indefensa ante un esquema que se sostiene con absoluta impunidad.
El incumplimiento de normas básicas de administración financiera vulnera la unidad y universalidad de los recursos públicos que deberían estar garantizadas. Al no respetar el principio de legalidad presupuestaria, se normaliza un mecanismo paralelo de recaudación fuera de todo marco legal o fiscal establecido. Esto consolida un sistema que erosiona la confianza ciudadana y debilita gravemente la legitimidad de las instituciones que deben velar por el bien común.
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