En un caso que ya se perfila como uno de los mayores escándalos sanitarios y judiciales de la última década, el Gobierno de Javier Milei avanza en la investigación sobre el fentanilo contaminado que provocó mas de 100 muertes en hospitales y clínicas de todo el país. El presidente no dudó en señalar responsabilidades políticas: “Tomemos como ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo”, declaró durante un acto en La Plata, denunciando una trama de impunidad y complicidades heredadas de la gestión anterior.
El ministro de Salud, Mario Lugones, rompió el silencio y habló por primera vez del caso con los medios, confirmando que el propietario de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, “estaba relacionado con la política” y que bajo su gestión “fue la primera vez que se le puso un freno a estos delincuentes”. El funcionario, que ordenó un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) dependiente de la ANMAT, advirtió: “Si alguna persona está comprometida, ese mismo día se va”.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, se quebró en vivo por las muertes causadas por el criminal kirchnerista dueño de HLB Pharma, Ariel Furfaro: «Soy médico, es un atentado a la gente. Es de mala gente lo que hicieron».
Con dureza, Lugones cuestionó el rápido ascenso patrimonial de Furfaro: “Si no, explíquenme cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones. ¿Cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política? ¿No llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”.
La Justicia, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, investiga la responsabilidad de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, donde se detectó la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en las ampollas. Según el magistrado, ya no quedan dosis contaminadas en circulación, pero aún se esperan los resultados de las pericias del Instituto Malbrán para determinar el origen de la contaminación.
Actualmente hay 24 sospechosos con prohibición de salir del país y una inhibición general de bienes sobre los presuntos responsables y sus sociedades vinculadas. Lugones no descartó que existan otros laboratorios operando de forma irregular: “Cuando asumí pedí al ANMAT que evaluara a todos los laboratorios, porque no todos tienen el mismo nivel de calidad”.
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