La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) busca sancionar una “ley anti Shein” para frenar las importaciones de ropa y el crecimiento de las plataformas de compras online.
Para lograrlo, los empresarios prebendarios proponen un aumento de impuestos y regulaciones para generar una suba de precios en los productos importados, desalentando su consumo, reduciendo la competencia y perjudicando gravemente a los hogares argentinos.
El proyecto, inspirado en medidas similares adoptadas en Francia, plantea la aplicación de mayores aranceles e impuestos a los envíos internacionales, junto con controles adicionales sobre certificaciones y regulaciones ambientales.
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Para la industria textil, esto permitiría contrarrestar lo que consideran prácticas de supuesta «competencia desleal». Sin embargo, esto trasladaría los costos al consumidor final, lo que implica un fuerte golpe a miles de personas que utilizan plataformas como Shein o Temu, una alternativa que hoy es fuertemente defendida por los argentinos debido a elevados precios internos que, en muchos casos, resultan inalcanzables para muchos consumidores.
El fenómeno del comercio puerta a puerta creció de manera exponencial en la región. Según datos oficiales, el volumen de paquetes recibidos en Ezeiza alcanzó niveles récord, impulsado por la demanda de indumentaria y artículos de consumo masivo.
Frente a este contexto, países como México, Ecuador o Chile endurecieron sus políticas arancelarias, lo que generó fuertes críticas internas. Sin embargo, en Argentina el Gobierno de Javier Milei impulsa una política de desregulación y baja de impuestos que favorece el acceso a bienes importados y beneficia a los consumidores, que pueden acceder a productos de mejor calidad y precio que los del mercado local.
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La propuesta de la CIAI contempla una convocatoria abierta a todos los partidos políticos y sectores productivos con el fin de reunir apoyos a la iniciativa. Como modelo de referencia, se considera la normativa francesa, que establece tasas ecológicas progresivas por cada prenda comercializada, la prohibición de publicitar moda de consumo ultrarrápido y la aplicación de sanciones en caso de incumplir las «regulaciones ambientales».
La eventual sanción de una “ley anti Shein” significaría un giro proteccionista, en donde se volvería a una situación en donde las personas paguen más por menos opciones y sean rehenes de las industrias nacionales.
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