El asesor letrado Eduardo Santiago Caeiro, investigado por irregularidades en concursos del Poder Judicial de Córdoba, presentó su renuncia. La decisión será tratada por el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo provincial, que deberán resolver los pasos a seguir. La dimisión regirá desde octubre pero no frena el proceso penal en curso.
El caso se originó en noviembre de 2024 tras una denuncia del gremio de empleados judiciales (AGEPJ). Señalaron que Caeiro habría filtrado preguntas de exámenes en un concurso para auxiliares colaboradores de la defensa pública. La maniobra buscaba favorecer a postulantes cercanos al funcionario.
En abril de este año, el fiscal Enrique Gavier imputó a Caeiro por violación de secretos. También fueron acusadas cuatro concursantes presuntamente beneficiadas: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini. La causa continúa bajo investigación penal y administrativa.
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Avance de la investigación
AGEPJ sostuvo que la renuncia no significa el cierre del caso y pidió avanzar con la investigación. “Defendemos la transparencia del sistema de concursos”, expresaron en un comunicado. Insistieron en que el acceso a los cargos debe garantizar igualdad y no favoritismos políticos.
En agosto, el Juzgado de Control rechazó pedidos de las defensas de Caeiro y Sonzini Astudillo. Consideró que los planteos de atipicidad eran prematuros y debían resolverse en etapa crítica. De esa forma, la continuidad del proceso penal quedó ratificada por la Justicia.
El expediente avanza con declaraciones testimoniales y análisis de documentación. Se investiga si existieron irregularidades en otros concursos. Versiones de testigos apuntan a maniobras similares en diferentes procesos de selección, lo que agravó las sospechas en el ámbito judicial.
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Impacto institucional
El caso golpea la credibilidad del sistema de concursos del Poder Judicial de Córdoba. La transparencia de estos procesos es clave para garantizar confianza ciudadana. Sin reglas claras, los cargos pueden convertirse en un mecanismo de acomodo político y no en un espacio de mérito.
La investigación seguirá en paralelo al trámite administrativo de la renuncia. Caeiro quedará desvinculado formalmente del cargo, pero continuará imputado. La causa judicial será determinante para establecer responsabilidades y definir si hubo fraude sistemático en los concursos.
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