Ignacio de Posadas, Ministro de Economía de 1992 a 1995 durante el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, en referencia al aumento del gasto público que promovía en aquel momento el Dr. Julio María Sanguinetti, contó en una entrevista que fue a conversar con él para, de alguna forma, detenerlo, ya que se buscaba un orden fiscal para poder bajar la alta inflación. La respuesta del Dr. Sanguinetti fue: «Solo inmaduros como Lacalle y Batlle quieren cambiar el Uruguay, el Uruguay fue, es y será así». Este período del gobierno de Lacalle Pou podemos decir que fue un fiel reflejo del «Uruguay que es, fue y será así» (1) y una expresión más del país del empate que tanto halaga el Dr. Sanguinetti. Cuando dentro de muchos años se escriban libros de historia sobre Uruguay, solo quedará en las páginas por haber sido quien estaba en el poder durante la pandemia, no por reformas ni hechos significativos históricos.
Para analizar las reformas implementadas y las que podrían haberse realizado pero no lo fueron, es crucial considerar el contexto político y económico de Uruguay durante su mandato, así como las expectativas generadas durante su campaña electoral.
Reformas Económicas y Fiscales: Lacalle Pou asumió con la promesa de reducir el tamaño del Estado y promover un enfoque más liberal en la economía. Sin embargo, no se logró una reducción significativa del gasto público ni una disminución notable de la deuda pública. La deuda bruta como porcentaje del PIB aumentó del 60 al 70% del 2019 al 2024 (2) , lo que sugiere que las reformas fiscales no se implementaron de manera efectiva o suficiente.
Impuestos y Libre Mercado: Había expectativas de reformas que redujeran la carga impositiva y promovieran el libre mercado. Sin embargo, no se avanzó lo suficiente en estas áreas, lo cual ha generado descontento entre los empresarios que esperaban un ambiente más favorable para los negocios.
Políticas de Seguridad Pública: Este es un aspecto fundamental para que pierda el Frente Amplio en el 2019. Aunque se hicieron intentos para endurecer el código penal y se introdujeron medidas para combatir el crimen, como la reforma de seguridad en la Ley de Urgente Consideración (LUC), los resultados en términos de reducción de delitos no fueron los esperados. Hubo críticas sobre la falta de enfoque en las raíces del crimen y en la efectividad de las políticas punitivas.
Reformas Educativas: La reforma educativa de Lacalle Pou fue una piedra angular de su mandato, pero enfrentó una resistencia significativa por parte de los gremios docentes. A pesar de haber sido aprobada, la implementación ha sido polémica y no se logró un consenso amplio sobre los cambios propuestos, lo que podría ser visto como una reforma incompleta.
Reformas Laborales y Sociales: La LUC introdujo algunas reformas laborales, pero estas fueron limitadas y no todas las medidas propuestas durante la campaña se implementaron. Hubo un intento de limitar el derecho a huelga y flexibilizar las relaciones laborales, pero estos cambios enfrentaron oposición y no fueron tan profundos como algunos esperaban. De todas formas, casos como Yazaki, muestran que no hubo cambios significativos.
Seguridad Social: Aunque se logró una reforma en la seguridad social, hubo críticas y plebiscitos en contra que indicaban una falta de consenso sobre su efectividad y equidad. El plebiscito impulsado por el PIT-CNT contra la reforma jubilatoria, aunque no alcanzó el mínimo requerido para modificarla, fue un indicador de la resistencia que estas reformas encontraron.
El mandato de Lacalle Pou entonces se caracterizó por intentos de reforma en diversas áreas, pero la implementación de estas reformas enfrentó numerosos obstáculos, desde la resistencia de los sindicatos hasta desafíos políticos y económicos derivados de la pandemia de COVID-19 y otros factores externos. Si bien se avanzó en algunos aspectos, no se logró la transformación profunda que algunos sectores esperaban, especialmente en lo que respecta a una reducción del Estado, reformas de libre mercado y cambios estructurales en la educación y seguridad y todo fue muy cercano a como lo presumíamos en el 2019 (3).
De todas estas reformas abordadas tímidamente, me centro por un momento en el tema de la seguridad que fue el caballito de batalla de las campañas de Blancos y de los Colorados desde 2009 dada la creciente inseguridad en los gobiernos del Frente Amplio. Innumerables interpelaciones al Ministro Bonomi y críticas constantes no dieron resultado electoral hasta el 2019, cuando en el último periodo de Tabaré Vázquez la inseguridad parecía haber tocado fondo, sumado al declive económico, lo que llevó a que un determinado porcentaje de votos del Frente Amplio se mudaran a Lacalle Pou del 2014 al 2019, lo que permitió ganar por poco margen en el ballotage. Si miramos los votos que obtuvo la Coalición Multicolor sumada en Primera Vuelta del 2019, obtuvo una mayoría parlamentaria cómoda y, dada la particularidad del sistema electoral uruguayo, la Cámara de Representantes se vota en Primera Vuelta y dura 5 años, sin elecciones intermedias como en Argentina donde el Poder Legislativo y Ejecutivo están desfasados en cuanto a la mayorías que vota la gente en el tiempo. En Uruguay, el periodo de representación de mayorías en cuanto a lo Legislativo y Ejecutivo es el mismo y, por ende, sumando las bancas aliadas, Lacalle dispuso de la posibilidad de tener mayorías parlamentarias, oportunidad que aprovechó únicamente para la LUC, Ley de Urgente Consideración, pese a que tuvo que hacerle recortes para satisfacer a aliados como con el tema de la des-monopolización de Ancap.
