Desde hace más de 15 años, el PRO gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha contado con mayoría legislativa, control de las finanzas locales y la posibilidad de implementar su visión de gobierno sin mayores restricciones institucionales. Durante todo ese tiempo, sin embargo, una promesa se ha repetido cíclicamente en cada campaña electoral: la baja de impuestos. Es un eje discursivo que apela al electorado de clase media, empresarios y emprendedores hartos de la presión fiscal, pero que se evapora sistemáticamente una vez concluido el proceso electoral.
El último capítulo de esta historia lo protagoniza Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, quien asumió su cargo en diciembre de 2023 con un discurso de eficiencia estatal, racionalización del gasto y alivio fiscal. A poco de comenzar su gestión, sin embargo, el relato entró en conflicto directo con la realidad. Lejos de aplicar una baja de impuestos, el gobierno porteño implementó aumentos significativos en tributos claves como las patentes, el ABL, el impuesto inmobiliario e incluso propuso, aunque luego dio marcha atrás, gravar con Ingresos Brutos a los profesionales.
Una presión fiscal creciente en nombre de la “gestión”
Los aumentos de impuestos en la Ciudad no son una novedad. Ya durante las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta se registraron incrementos anuales sistemáticos que erosionaron el poder adquisitivo de los contribuyentes. La administración de Jorge Macri, en lugar de romper con esa lógica, la ha profundizado.
Uno de los casos más evidentes fue el de las patentes. En enero de 2025, muchos porteños se encontraron con subas de hasta el 84% en el impuesto automotor. Lo mismo ocurrió con el ABL, cuya actualización se planteó de forma diferenciada según la zona: hasta un 25% en el sur de la ciudad, 50% en el centro y hasta un 100% en los barrios del norte. La progresividad, en este caso, fue una excusa discursiva para avanzar sobre el bolsillo del vecino con un aumento encubierto, disfrazado de equidad territorial.
|
Más grave aún fue la intención de gravar con Ingresos Brutos a los profesionales, un sector históricamente exento en la ciudad. Si bien la presión social y política obligó al Ejecutivo a retroceder, el solo hecho de haberlo considerado muestra una orientación fiscalista contraria al espíritu liberal que se declama en campaña.
Una contradicción estructural: entre el marketing y la gestión
El problema de fondo no es únicamente fiscal, sino político. El PRO se ha construido como una fuerza que dice oponerse al “Estado elefantiásico”, a los privilegios de la casta política y al ahogo impositivo, pero cuando le toca gestionar, reproduce muchos de los vicios que critica. La distancia entre el marketing electoral y la política real ha sido una constante.
|
Mientras los candidatos del PRO hablan de aliviar al sector productivo, la estructura del Estado porteño sigue siendo sobredimensionada, ineficiente y costosa. El presupuesto de la Ciudad destina miles de millones de pesos a partidas innecesarias, sostiene organismos duplicados y continúa subsidiando actividades que deberían estar en manos del sector privado. No hay una política clara de desregulación, ni una apuesta real por la austeridad en el gasto político. Por el contrario, la lógica sigue siendo la de recaudar más para sostener un aparato estatal que no se anima a achicarse.
El contraste con el gobierno nacional
La hipocresía del PRO se vuelve más evidente cuando se la compara con la política fiscal del gobierno nacional liderado por Javier Milei. A diferencia de la administración porteña, el Ejecutivo nacional ha implementado una baja concreta del gasto público, acompañada de una reducción impositiva progresiva. En apenas cuatro meses de gestión, se eliminó el impuesto PAIS para importaciones de bienes de capital, se redujeron retenciones para economías regionales, se desreguló el comercio y se enviaron señales claras de apertura y libertad económica.
Además, el gobierno nacional logró alcanzar superávit financiero en enero, febrero y marzo de 2025, algo inédito en décadas. Esto demuestra que es posible reducir impuestos si antes se toma la decisión política de reducir el tamaño del Estado. Es precisamente esa decisión la que el PRO no ha querido, o no ha podido, tomar en sus años de gestión en la ciudad más rica del país.
La ciudad más rica, pero también la más cara
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un presupuesto millonario, ingresos per cápita superiores a los de muchas provincias y una base tributaria sólida. No obstante, en lugar de usar ese capital institucional para liberar a los ciudadanos de cargas fiscales, los gobiernos del PRO han optado por una administración progresista.
Se destinan recursos a políticas de “inclusión” y “género” de dudosa efectividad, se mantienen cientos de contratos en áreas burocráticas innecesarias, y se priorizan campañas de comunicación antes que reformas estructurales. La cultura de la eficiencia estatal que prometía Mauricio Macri en sus inicios ha sido reemplazada por una gestión cómoda, que se ha acostumbrado a vivir de la caja sin cuestionarla.
|
El electorado liberal y productivo que históricamente votó al PRO empieza a abrir los ojos. La figura de Javier Milei ha puesto en evidencia la falta de coherencia del partido amarillo, al demostrar que se puede hacer lo que durante años se prometió sin cumplir. No alcanza con decir que se bajarán los impuestos; hay que hacerlo. Y para hacerlo, primero hay que reducir el gasto. No hay otro camino.
La gestión de Jorge Macri, en lugar de corregir el rumbo, ha reafirmado la línea de sus antecesores. Más impuestos, más gasto, más excusas. En contraste, el gobierno nacional ha mostrado que, con convicción y valentía, es posible avanzar hacia un modelo de país libre, competitivo y productivo.
Los porteños merecen una administración que deje de recaudar para gastar y comience a liberar para crecer. Mientras el PRO no entienda eso, su discurso de alivio fiscal será solo eso: discurso.
br>Source link
