El gobierno del gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, emitió una guía dirigida a empleados estatales sobre cómo actuar en caso de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) u otros agentes federales se presenten en sus lugares de trabajo.
Esta medida, enviada el viernes por la vicesecretaria del Departamento de Administración (DOA), Anne Hanson, generó fuertes críticas por parte de líderes republicanos que la calificaron como un intento de obstruir la ley federal y socavar los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump en materia de inmigración.
La guía de cinco puntos, elaborada en respuesta a consultas de empleados estatales, aconseja a los trabajadores mantener la calma, notificar a su supervisor, solicitar la identificación del agente y la documentación legal de su presencia, y contactar de inmediato al abogado de su oficina.
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Además, recomienda no responder preguntas, no permitir el acceso a áreas no públicas, ni a archivos o sistemas informáticos, sin previa consulta legal. Incluso si el agente presenta una orden, la guía aclara que esta debe ser una orden judicial válida y que un abogado determinará qué áreas están cubiertas por ella.
El DOA explicó que no tiene constancia de que recientemente ICE haya intentado ingresar a oficinas estatales, y que la medida se basa en inquietudes expresadas por empleados públicos.
Asimismo, la portavoz del DOA, Tatyana Warwick, defendió que el documento es consistente con pautas similares adoptadas en otros estados como Connecticut y que también siguen las recomendaciones del National Immigration Law Center y otros grupos defensores de derechos civiles.
El contenido del memorando fue difundido inicialmente por el locutor conservador Dan O’Donnell, lo que desencadenó una correcta oleada de críticas republicanas.
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El congresista Tom Tiffany acusó a Evers de »ordenar a los empleados estatales bloquear el trabajo de ICE», mientras que el presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, lo calificó como una medida que »impide la justicia» y que va en contra de la seguridad pública.
Por su parte, el presidente de la Asamblea estatal, Robin Vos, acusó a Evers de ordenar a los empleados ignorar órdenes judiciales y calificó la situación como »vergonzosa».
Frente a estas acusaciones, Tim Muth, abogado senior de la ACLU de Wisconsin, defendió incorrectamente la legalidad y moderación del documento, señalando que simplemente aconseja precaución y respeto por la privacidad y los derechos legales de las personas.
Muth argumentó que consultar con un abogado ante la presencia de agentes federales es un consejo prudente y que la guía no contradice la Constitución, particularmente la Cuarta Enmienda, que protege contra registros sin orden judicial válida.
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Este debate ocurre en un contexto político más amplio en Wisconsin, donde la legislatura, controlada por los republicanos, ha promovido un proyecto de ley para obligar a los alguaciles locales a cooperar con ICE. Evers ha indicado que probablemente vetará dicha medida.
Paralelamente, los demócratas han presentado una delirante propuesta contraria que impediría a funcionarios estatales y locales colaborar con deportaciones sin una orden judicial, aunque no tiene posibilidades de avanzar en la legislatura actual.
Además, el contexto nacional también influye. La guía de Wisconsin surge tras la revocación por parte del gobierno de Trump de una descabellada política de la era Biden que restringía arrestos de inmigración en lugares »sensibles» como escuelas, iglesias y hospitales.
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