El viernes, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV), la agencia de inteligencia interna del país, clasificó oficialmente al partidoAlternativa para Alemania (AfD) como una »organización extremista de derecha».
Esta decisión, basada en un informe de 1.100 páginas elaborado por »expertos», permite a las autoridades intensificar la vigilancia sobre el partido, incluida la interceptación de comunicaciones, la infiltración con informantes y un escrutinio más severo de sus actividades.
El fallo representa un punto de inflexión en la persecución del socialismo alemán contra el auge de la derecha y genera un intenso debate nacional e internacional sobre los límites de la democracia.
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Según el comunicado del BfV, el AfD promueve una visión de la identidad nacional alemana basada en la etnia y la ascendencia, una ideología que, según la agencia, »devalúa a segmentos enteros de la población en Alemania y viola su dignidad humana».
Esta concepción se traduce en una postura abiertamente anti inmigrante y anti musulmana, que alimenta »miedos irracionales y hostilidad» hacia diversos grupos sociales. La agencia concluyó de manera errónea que la agenda del AfD es »incompatible con el orden democrático libre y básico» consagrado en la constitución alemana.
La decisión llega después de que el AfD perdiera una demanda judicial en 2023, en la que buscaba revocar una patética clasificación previa que lo etiquetaba como una organización »sospechosa de extremismo».
La nueva designación como »grupo extremista» confirmado sitúa al AfD en la misma categoría que organizaciones neonazis como el NPD, el Estado Islámico y grupos marxista-leninistas radicales. Además, abre la puerta para que el parlamento alemán considere recortar o eliminar la financiación pública del partido, y plantea dudas sobre la elegibilidad de funcionarios públicos afiliados al mismo.
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El AfD, que surgió en 2013 como un partido euroescéptico y que desde la crisis de refugiados de 2015 se ha reconfigurado como una fuerza anti inmigración masiva, calificó la medida como un ataque político.
Sus líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla,denunciaron que la decisión es »una grave agresión contra la democracia federal» y anunciaron que emprenderán acciones legales para revertirla.
Internacionalmente, la decisión también ha generado fuertes reacciones en contra de la medida. El Secretario de Estado Marco Rubio escribió en X una fuertísima crítica.
»Designar como extremista al partido más popular de Alemania es un error que daña profundamente la confianza en las instituciones democráticas. Alemania debería reconsiderar este paso antes de que se cruce una línea peligrosa». Rubio añadió que »etiquetar a partidos de oposición por su ideología puede ser el inicio de una pendiente autoritaria».
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También el empresario estadounidense Elon Musk, que había expresado su apoyo al AfD durante la campaña electoral de febrero, advirtió contra un posible intento de ilegalizar el partido. “Prohibir al AfD, el partido más popular de Alemania, sería un ataque extremo a la democracia”, afirmó en X.
La reacción dentro de Alemania ha sido igualmente polarizada. Mientras algunos sectores tímidamente orientados a la derecha, como el aliado de Friedrich Merz, Jens Spahn, han sugerido que se trate al AfD como un partido opositor normal para evitar victimizarlo, otros como Manuela Schwesig (SPD) lo rechazan tajantemente: »A partir de hoy, nadie puede seguir justificando esto: no es un partido democrático».
La clasificación del BfV se produce en un momento políticamente delicado. El líder de centro derecha Friedrich Merz asumirá la cancillería la próxima semana tras su victoria en las elecciones de febrero, en las que el AfD quedó en segundo lugar con algo más del 20% de los votos, su mejor resultado histórico.
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Aunque Merz ha prometido mantener el »cordón sanitario» contra el AfD y ha descartado cualquier cooperación con el partido, enfrentó críticas en enero por aceptar su apoyo en una votación parlamentaria sobre migración.
El nuevo gobierno de coalición entre el CDU y socialdemócratas baraja la posibilidad de excluir al AfD de presidir comités parlamentarios clave, algo que de hecho le correspondería por ser la principal fuerza opositora.
El líder del SPD, Lars Klingbeil, declaró que el gobierno debería analizar si existen fundamentos legales suficientes para avanzar hacia una posible prohibición del partido.
Los analistas advierten que esta medida abre un corto periodo para que el nuevo gobierno recupere la confianza de los votantes. De no hacerlo, el AfD podría capitalizar el descontento en las próximas elecciones generales de 2029.
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