Están acusados de bridar protección a delincuentes; pedir coimas a los arbolitos de avenida Luro; vender dólares falsos y desviar investigaciones plantando pistas falsas.
La Fiscalía General pidió a la justicia de Garantías que el exjefe policial José Luis Segovia, nueve oficiales de la Bonaerense, uno de la Policía Federal, un ladrón de poca monta y un reconocido abogado vayan a juicio por integrar una asociación ilícita que brindaba protección a delincuentes; pedía coimas a los arbolitos de avenida Luro; vendía dólares falsos y desviaba investigaciones plantando pistas falsas y ocultando información a fiscales.
A casi un año de la detención del exjefe de la Policía departamental José Luis Segovia, el fiscal general adjunto Marcos Pagella, pidió la elevación a juicio del ex comisario por ser considerado el líder de una organización criminal integrada por policías y civiles que recaudaba dinero a través de la comisión de distintos delitos.
Segovia fue detenido el 8 de mayo del 2024 en medio de un operativo en la Jefatura Departamental de la Policía. Para la Justicia el comisario mayor lideró una asociación ilícita compuesta por diez policías y un delincuente de poca monta que, entre diciembre de 2019 y de mayo de 2024, se dedicó a una serie de delitos que le generaron ganancias millonarias.

La organización delictiva estaba integrada por los policías bonaerenses Gastón Moraña, Javier Martín González, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Iván Medigovich, Sebastián Di Biase, Christian Gari y del oficial retirado, Héctor Sabino Sosa; el agente federal Nicolás Rivademar; el ex detective de la DDI Christian Holtkamp; Jorge Toletti, quien se dedicaba a la compraventa de dólares en el circuito ilegal y el abogado Lautaro Resúa.
Para el fiscal Marcos Pagella, los miembros de la asociación ilícita «actuaban como células – sin que necesariamente todos ellos tuvieran relación o conocimiento entre sí- y con distintos grados de participación y responsabilidad criminal, pero respondiendo todos a un mando claro ejercido por Segovia quien, tomaba las decisiones y asignaba los roles«.
El primer hecho que se le imputa a la asociación ilícita fue garantizarle impunidad a un grupo de delincuentes que desvalijaba departamentos lujosos. Los investigadores pudieron determinar que los policías tenían información sobre la banda y lejos de prevenir los robos, les garantizaron cobertura a cambio de una parte del botín que obtuviesen.
Además, una vez cometidos los robos le «vendían» a un precio muy alto, información de la investigación. En uno de los casos, los policías no dudaron en sembrar un chivo expiatorio para desviar la investigación. Luego les le exigieron dinero para «dormir» la causa, a los verdaderos ladrones y al falso.

Segovia y su banda decidieron secuestrar y extorsionar a un delincuente que en diciembre de 2020 asaltó a una pareja de jubilados y le robó cerca de 250 mil dólares.
En febrero del 2021 Christian Holtkamp; Jorge Toletti y Sergio Collova, un ex jefe de la DDI que tenía una participación menor en la asociación ilícita, sacaron a Carlos Juárez de un hotel ubicado en Punta Mogotes, lo subieron a una camioneta y lo sacaron a «pasear». Durante el trayecto le mostraron los avances en la investigación por el robo millonario a la pareja de jubilados en el edificio Cabo Corrientes.
La causa estaba en manos del fiscal Mariano Moyano tenía las filmaciones de la cámara de seguridad que mostraban a Juárez, a una mujer y a otro hombre en el lugar de los hechos. Para frenar la investigación le pidieron 50 mil dólares.
Para lograr la impunidad de Juárez y su banda, los policías fraguaron información para desviar la investigación del caso. El expediente dice que Segovia ordenó a sus subalternos que confeccionaran informes con pruebas que él les daba a sabiendas que eran pistas falsas.
Deshojar a los «arbolitos»
Entre diciembre del 2019 y mayo del 2004, la banda de Segovia habría controlado y regulado la compraventa de dólares en el mercado ilegal en la avenida Luro. Según consta en la causa, el bar «10-Sutton» fue el epicentro del control de toda la actividad que ocurría en las inmediaciones de las avenidas Independencia y Luro.
«El 10-Sutton» era explotado por Toletti y Holtkamp. Hasta allí debían ir los «arbolitos» para abonar el canon que Segovia les exigía a cambio de protección. En las tareas de recaudación también estaban implicados Gastón Moraña y Javier Martín González. Además el policía Federal Nicolás Rivademar, habría participado del negocio a cambio de anular cualquier incursión de la fuerza federal en el territorio mencionado.
Pero la tareas de los policías no se limitaba sólo a cobrar coimas por protección, la justicia tiene probado que la banda de Segovia habría inyectado dólares falsos en el circuito irregular de compra venta. La acusación surge del secuestro de una importante cantidad de dólares falsos en el bar de Toletti y Holtkamp.
El pedido de elevación a juicio fue presentado en el Juzgado de Garantías Nº1 a cargo de Daniel De Marco, quien deberá analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y decidir si da lugar al pedido de juicio a la banda del comisario.
