En una decisión que marca un precedente clave para el país, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misioneshabilitó este miércoles el voto de cerca de 16.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y defensa de la provincia. Se trata de un 1,6% del padrón electoral que había sido marginado por una cuestionada interpretación del artículo 48 de la Constitución Provincial. Los misioneros concurrirán a las urnas el próximo 8 de junio para renovar 20 bancas en la legislatura provincial, además de concejales en 10 localidades y Defensor del Pueblo en la ciudad de Oberá.
La exclusión de policías, personal del Servicio Penitenciario, fuerzas federales y del Ejército había sido impulsada días atrás por el Tribunal Electoral local, presidido por Cristian Benítez e integrado por los vocales Andrés Poujade y Augusto Busse. Amparados en el inciso 10 del artículo 48, dispusieron que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”.
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La medida provocó un amplio rechazo institucional y fue rápidamente cuestionada por diversas fuerzas políticas y jurídicas, en especial por La Libertad Avanza (LLA), que lidera en la provincia el candidato legislativo Diego Hartfield. “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA cuando presentamos un amparo”, escribió Hartfield en sus redes sociales luego de conocerse el fallo favorable.
La reversión de la decisión llegó a través de la intervención del STJ, presidido por Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. La resolución fue respaldada por todos los ministros del máximo tribunal y se apoyó en el dictamen del procurador provincial, Carlos Jorge Giménez, quien —a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua— emitió un contundente control de legalidad. En su presentación, Giménez argumentó que “el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial debe ser removido por resultar manifiestamente contrario al bloque de constitucionalidad”.
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El dictamen también recordó que el inciso ya había sido objetado en fallos previos del propio STJ, aunque sin haber logrado efectos sostenidos en el tiempo. Esta vez, la presión política y jurídica logró su objetivo. “Prohibir el voto a estos miembros constituía una violación de los derechos humanos y el principio de participación política consagrados en normativas nacionales e internacionales”, remarcó el procurador.
La decisión, que fue celebrada por referentes nacionales del oficialismo, podría tener un fuerte impacto político de cara a la elección. De hecho, se anticipa una visita institucional clave en los próximos días: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y el propio Hartfield encabezarán un acto en la capital provincial. También recorrerán la ciudad de Oberá, uno de los principales distritos que renovará autoridades.
En el plano político, el oficialismo provincial misionero, liderado por el cuestionado Carlos Rovira, postula como principal figura al actual ministro Sebastián Macías. Por el lado del Frente Unidos por el Futuro —remanente de la ex Juntos por el Cambio— se presenta Santiago Nicolás Koch. También será candidato Ramón Amarilla, conocido por haber sido vocero de los levantamientos policiales de principios de 2024. Actualmente se encuentra detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, acusado de “sedición” y “conspiración” contra el gobierno provincial.
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