Durante una exposición realizada en Córdoba, Juan Carlos Maqueda abordó el reciente fallo de la Corte Suprema. El exministro del Máximo Tribunal calificó como “absolutamente lógica” la decisión que dejó firme la condena a Cristina Kirchner. Sostuvo que se trató de una resolución fundada en criterios jurídicos claros, sin injerencias políticas ni irregularidades procesales.
Maqueda detalló que ante el recurso extraordinario, la Corte tuvo tres caminos posibles según lo establece la ley. Pudo reenviar la causa a Casación, abrir la queja por una cuestión constitucional o rechazar por falta de cuestión federal. Al ver que el fallo original fue unánime y ratificado, optaron por rechazar el recurso, como permite la jurisprudencia vigente.
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Competencias legales
“El fallo del tribunal oral fue confirmado por Casación y no había cuestiones federales relevantes”, señaló el exjuez. Indicó que la Corte respondió todos los planteos de la defensa y actuó en el marco de sus competencias legales. “La decisión fue razonable, ajustada al derecho y coherente con los antecedentes del caso”, enfatizó.
Maqueda afirmó que el fallo refuerza el rol del Poder Judicial como garante del equilibrio institucional en democracia. Desde su visión, no hubo arbitrariedades ni vulneración de derechos en ninguna de las instancias previas al fallo final. La resolución de la Corte pone un límite claro al abuso de poder y afirma el principio de igualdad ante la ley.
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La condena estuvo ajustada a derecho
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa “Vialidad”. El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por su defensa, al considerar que no había planteos federales suficientes para intervenir.
La sentencia original, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y luego ratificada por la Cámara de Casación. La condena ratificada a Cristina Kirchner fue de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
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