En un nuevo capítulo que evidencia hasta qué punto el kirchnerismo impregnó con su lógica militante a las instituciones públicas, la delegada del PAMI en El Bolsón, María Eugenia Alonso, fue desvinculada de su cargo tras cerrar el Centro de Atención Primaria local el 18 de junio para sumarse a una marcha en “solidaridad” con Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción. El episodio no solo dejó a más de 3.700 afiliados sin asistencia, sino que desató una ola de indignación social y política.
A la medida, que fue impulsada por la seccional de ATE, se plegaron además los trabajadores de la oficina, quienes fueron suspendidos por 29 días. Según confirmaron las autoridades del organismo, nadie atendió al público ni realizó tareas internas ese día, a pesar de que los empleados intentaron alegar luego que «habían fichado y permanecido en las instalaciones».
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En el frente de la sede de PAMI, los vecinos encontraron los vidrios cubiertos de carteles de paro, incluyendo uno que rezaba: “ATE. 18/6. Paro Nacional”. La postal se repitió en distintas dependencias del país, pero fue en la localidad rionegrina donde el hecho escaló hasta convertirse en un símbolo del uso distorsionado de los organismos estatales por parte de un sector que aún responde a la expresidente.
Una vecina de El Bolsón hizo pública su denuncia a través de medios locales y redes sociales. Describió con crudeza la escena que encontró al llegar junto a su madre de 89 años: “Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”. En su testimonio, agregó: “¿Dónde queda el Estado presente cuando ni siquiera hay una guardia mínima para atender situaciones urgentes? No hablamos de comodidad, hablamos de personas mayores”.
Ante el repudio social, las autoridades del PAMI emitieron un comunicado en el que justificaron la decisión de apartar a Alonso y suspender al resto del personal en el marco de “una política de transparencia y responsabilidad que impulsa la actual gestión, que no tolerará el uso político-partidario de los recursos públicos ni el abandono de funciones”.
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La polémica también tuvo eco en el plano político. La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, fue una de las voces más contundentes: “Ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad”.
Villaverde celebró la medida tomada por la conducción de PAMI y difundió el comunicado en sus redes sociales, donde enfatizó: “Con los jubilados no se juega”. Luego agregó: “Las oficinas públicas deben ser un espacio de servicio, que atienda a las necesidades de todos, y no trincheras ideológicas que defiendan intereses partidarios. Acá se puso un límite frente a la militancia kirchnerista que quiso imponerse por encima de las necesidades de los abuelos”.
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