En un avance clave dentro del prolongado litigio internacional por la expropiación kirchnerista de YPF, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos resolvió que Argentina podrá esperar la resolución de su apelación sobre la entrega de acciones de la empresa sin necesidad de entregar dichos títulos ni ofrecer otras garantías, suspendiendo la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio pasado.
Esta decisión representa un respiro importante para el Estado argentino, que enfrenta una indemnización millonaria por la fallida nacionalización de la compañía en 2012 bajo el gobierno de la corrupta y condenada Cristina Kirchner.
Según lo dispuesto por la Corte, las acciones correspondientes al Estado argentino podrán permanecer depositadas en la Caja de Valores mientras se resuelve la apelación.
Esto significa que Argentina mantiene el control temporal sobre su participación mayoritaria en YPF, evitando de manera inmediata cualquier impacto directo sobre la gestión y operación de la empresa, así como sobre sus proyectos estratégicos, incluyendo el desarrollo de Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.
Al mismo tiempo, también se autorizó la participación como amicus del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había apoyado la posición argentina en el juicio por YPF.
Además, la Corte determinó que el país podrá presentar su apelación sin necesidad de ofrecer garantías financieras adicionales. Esta medida otorga a Argentina un margen de maniobra jurídico y económico, permitiendo que el gobierno prepare su defensa de manera más estructurada y sin la presión de tener que cumplir la orden inicial de transferencia de acciones.
La disputa legal se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones de la compañía controlada por Repsol. Desde entonces, los accionistas minoritarios demandaron al país alegando violaciones a sus derechos, lo que derivó en un fallo de la jueza Preska que ordenaba la transferencia de las acciones como forma de indemnización, valuada en más de 16.000 millones de dólares.
El Gobierno argentino había advertido previamente sobre los riesgos económicos y de soberanía que implicaría la pérdida del control de YPF, subrayando la relevancia estratégica de la empresa en la explotación de recursos energéticos y en la economía nacional en general.
La resolución de la Corte de Apelaciones ofrece, al menos temporalmente, un alivio frente a estas preocupaciones y marca un paso más en un proceso judicial que ha tenido un impacto internacional significativo.
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