La organización no gubernamental (ONG) británica Amnistía Internacional solicitó a la Justicia argentina que permita la difusión de audios ilegales obtenidos de manera clandestina en la Casa Rosada, pertenecientes a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La petición se produce en medio de una denuncia formal presentada por el Gobierno de Javier Milei, que advierte sobre una operación de inteligencia destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral.
Un juez había prohibido previamente la difusión de dichos audios, alegando su carácter ilegal. Para la administración nacional, este precedente podría representar un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a informarse, pilares fundamentales de un estado de derecho. La Casa Rosada calificó la maniobra como un “ataque planificado” con presunta influencia extranjera, cuyo objetivo sería condicionar las próximas elecciones legislativas.
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Según el comunicado oficial, la operación incluyó la captura ilegal de grabaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios de alto rango, con posterior manipulación o difusión escalonada. “No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, señaló la vocería presidencial en X.
El Gobierno alertó que la gravedad del hecho aumenta por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada, constituyendo así una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial. Entre los responsables identificados figuran el periodista Mauro Federico, Pablo Toviggino —secretario ejecutivo de la AFA y reciente empresario de medios—, el conductor Jorge Rial, y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino.
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La Ley de Inteligencia Nacionalprohíbe de manera expresa cualquier tipo de espionaje político o manipulación de la opinión pública mediante prácticas clandestinas. Por ello, la denuncia solicitó medidas cautelares urgentes para impedir la difusión de nuevas filtraciones y garantizar la transparencia del proceso electoral, resaltando que la intervención de Amnistía Internacional en el caso genera cuestionamientos sobre la parcialidad de actores internacionales frente a la soberanía argentina.
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