El canal de streaming Carnaval Stream, que reúne a figuras mediáticas como Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman, quedó señalado por el Gobierno como la principal plataforma utilizada para difundir los audios ilegales atribuidos a Karina Milei. Desde la Casa Rosada aseguran que el proyecto, financiado por el tesorero de la AFA Pablo Toviggino, opera como un instrumento político y mediático con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo.
Funcionarios nacionales remarcaron que lo ocurrido no puede considerarse una simple filtración periodística, sino una operación montada desde un medio que nació con intenciones políticas explícitas y que hoy se encuentra bajo investigación.
Un medio cuestionado desde su nacimiento
Desde su lanzamiento, Carnaval Stream llamó la atención por el peso de sus conductores y por el respaldo económico de Toviggino, hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA. Sin embargo, en lugar de consolidarse como un espacio de información plural, rápidamente fue apuntado por el oficialismo como un canal destinado a erosionar la credibilidad del Gobierno a través de operaciones mediáticas.
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La difusión de los audios de Karina Milei confirmó que el canal funciona como brazo comunicacional de intereses políticos y de inteligencia ilegal.
Medidas judiciales y denuncia del Gobierno
Tras la difusión del material, el vocero presidencial Manuel Adorni presentó una denuncia en la que calificó lo ocurrido como “un ataque ilegal, planificado y dirigido”. La Justicia civil y comercial dictó una cautelar para frenar la propagación de los audios, entendiendo que fueron obtenidos de manera clandestina.
La resolución ordena al ENACOM garantizar el cumplimiento de la medida y sostiene que no se trata de un acto de censura, sino de una protección a la seguridad institucional y a la intimidad de los funcionarios del Gobierno.
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Responsables e investigaciones en curso
En la denuncia también se mencionan nombres propios vinculados a la maniobra: el periodista Mauro Federico, Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, además de Pablo Toviggino como sostén económico del canal. El Ministerio de Seguridad pidió allanamientos en las oficinas de Carnaval Stream y en domicilios vinculados a sus responsables.
Para el Gobierno, el canal no es un actor periodístico legítimo, sino una pieza central en un esquema de desinformación y operaciones de inteligencia.
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