La oposición celebró la citación como un hecho histórico: hacía 40 años que no se lograba que un ministro concurra por votación legislativa. Este hecho se presenta como una citación inédita en la Legistura.
La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves el proyecto impulsado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda. La iniciativa obliga al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, a comparecer en un plazo de 14 días para explicar los aumentos en la tarifa de Aguas Cordobesas.
El pedido fue avalado con votos opositores y con la ausencia de algunos legisladores justicialistas, lo que impidió al oficialismo bloquear la iniciativa. La oposición remarcó que hace cuatro décadas que un ministro no es citado formalmente a dar explicaciones en la Unicameral. “Hace 40 años que no se consigue que venga un ministro con la aprobación de la Legislatura”, resaltó un opositor tras la votación.
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Aumentos por encima de la inflación
Según expuso Hernández Maqueda, los aumentos aplicados por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) superaron los niveles de inflación registrados.
Entre 2024 y 2025, las subas fueron de 19,1% en febrero, 12,3% en mayo, 14,08% en septiembre, 11,51% en agosto y 10,46% en marzo. Este aumento desmedido generó un fuerte impacto en los hogares cordobeses.
“Es momento de transparentar cómo se conforman las tarifas, bajo qué criterios el Ersep aprueba cada aumento y qué responsabilidad asume el Grupo Roggio, concesionario del servicio”, agregó el legislador.
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Un golpe al oficialismo en campaña
El PJ intentó sin éxito que el pedido se transformara en un simple informe escrito. Sin embargo, las ausencias de las legisladoras Nadia Fernández y Ricardo Sosa complicaron la estrategia oficialista.
Con la citación aprobada, el ministro López deberá presentarse en el recinto. Con su participación, se busca que de precisiones sobre los criterios tarifarios, las medidas de control de su ministerio y el estado del servicio, considerado esencial para todas las familias.
La oposición celebró la medida como un precedente en la búsqueda de mayor transparencia y control legislativo sobre los servicios públicos en Córdoba.
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