En una contundente demostración de eficiencia operativa, el Gobierno Nacional —a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich— asestó un golpe decisivo contra la criminalidad organizada internacional. Este 22 de mayo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desmanteló una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia plataformas digitales con base en Europa.
El accionar fue fruto de una investigación minuciosa desarrollada por el Equipo Especializado en Trata de Personas de la PSA, en articulación con la Fiscalía Federal N.º 1 de Morón y bajo las órdenes del Juzgado Federal N.º 2 del mismo distrito. Se realizaron 10 allanamientos simultáneos en Villa Luzuriaga, Morón, Hurlingham, San Justo, Ezeiza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Producto del operativo se logró la detención de tres integrantes clave de la organización, entre ellos la principal reclutadora en territorio argentino, y se identificaron a los responsables logísticos en Chile y a los líderes estructurales del circuito criminal en España.
Según confirmaron fuentes oficiales, la banda captaba mujeres en situación de vulnerabilidad, a quienes obligaba a generar contenido pornográfico mediante transmisiones en vivo, primero desde un estudio montado en San Justo y luego desde sus propios domicilios. Las víctimas, mujeres de entre 18 y 55 años, eran forzadas a cumplir metas de producción bajo presión psicológica, recibiendo apenas una mínima porción de los ingresos, mientras que el 80% de las ganancias era canalizado por una empresa española asociada al circuito delictivo.
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El resultado del operativo fue contundente:
24.300 dólares estadounidenses secuestrados
Más de 1.500.000 pesos argentinos incautados
Dispositivos electrónicos con evidencia clave
Marihuana y otros elementos vinculados al caso
Además, se rescataron 17 mujeres, quienes fueron entrevistadas, contenidas y asistidas por equipos especializados.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que la investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones e imputaciones a nivel internacional. El procedimiento es considerado un hito en la política criminal del gobierno de Javier Milei, reafirmando la promesa de recuperar el control del territorio, garantizar la ley y poner fin a las redes de explotación que operaban impunemente en gestiones anteriores.
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