La delincuencia fiscal también hace estragos en Monte Maíz, donde el gasto descontrolado dejó al municipio sin margen de maniobra. El intendente Luis Trotte decretó la emergencia económica, administrativa y financiera por una crisis que venía gestándose hace meses. El colapso fue acelerado por presiones gremiales y la imposibilidad de sesionar con normalidad en el Concejo Deliberante.
El jueves 29 de mayo, sindicalistas impidieron el debate de un proyecto importante para el municipio. Concejales del oficialismo denunciaron agresiones, amenazas y un bloqueo deliberado al funcionamiento democrático del cuerpo. “Fue un intento de amedrentamiento institucional”, afirmó la asesora letrada Gabriela Soresi durante la conferencia de prensa.
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Años de desorden financiero
La Secretaria de Hacienda, Vanesa Pascual, explicó que el municipio está comprometido por una estructura inviable y sobredimensionada. El decreto de emergencia apunta a evitar despidos y reordenar las finanzas, priorizando los servicios esenciales. Se congelan contrataciones, se revisan adicionales y se suspenden gastos que no sean estrictamente necesarios.
La medida se tomó ante la imposibilidad de sesionar normalmente, con el riesgo de parálisis institucional, según detallaron las autoridades. Dos personas ya fueron detenidas por los hechos violentos del jueves, y se espera que la Justicia avance con más imputaciones. Mientras tanto, el Sindicato declaró el “estado de alerta permanente” y pedirá la nulidad del decreto ante los tribunales.
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El modelo Milei, necesario en cada municipio para frenar el despilfarro
Monte Maíz es ejemplo de lo que ocurre cuando los municipios gastan más de lo que recaudan y ceden ante lógicas sindicales extorsivas. La gestión local evidencia que el ajuste no es ideológico: es una necesidad urgente cuando el Estado está al borde del colapso. El modelo nacional que impulsa el presidente Javier Milei debe replicarse en cada rincón del país para frenar el descontrol presupuestario.
La creación de cargos, la sobredimensión de estructuras y el gasto político han sido una constante en gestiones locales ineficientes. Hoy, la realidad impone recortes, orden y transparencia, frente a gremios que operan como fuerza de choque para defender privilegios.
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