El Comisario General Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), brindó este sábado por la noche una conferencia de prensa en la que respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad durante el desalojo del edificio del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón.
Este edificio había sido usurpado ilegalmente horas antes por el extremista de izquierda Juan Grabois y un grupo de violentos militantes del Frente Patria Grande. La intervención concluyó con la detención de Grabois y otros manifestantes, y dejó como saldo cuatro efectivos lesionados.
“Hoy a la tarde, un grupo de piqueteros encabezados por Juan Grabois tomó de forma violenta un edificio del Estado. Fueron aproximadamente 50 personas que ingresaron y retuvieron a cuatro funcionarios de la policía que custodiaban el edificio”, sostuvo Rolle.
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El titular de la fuerza también remarcó que “cuatro funcionarios de la Policía Federal que estaban al frente del operativo resultaron con lesiones” durante el procedimiento de desalojo.
“A más de 40 años que tengo de servicio, es la primera vez en mucho tiempo que la PFA no actuaba para recuperar un bien del Estado. Con el Gobierno del doctor Milei todas las autoridades van a actuar a fin de recuperar los medios necesarios”, declaró Rolle, en clara sintonía con la línea dura que impulsa la actual administración nacional respecto al orden público.
La ocupación del Instituto Perón había comenzado alrededor de las 14, cuando militantes y legisladores del Frente Patria Grande —entre ellos Grabois, Itai Hagman y Natalia Zaracho— ingresaron ilegalmente al edificio en rechazo al anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre su cierre.
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Horas después, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, avanzaron sobre el lugar para liberarlo, habilitados gracias a una orden judicial para desalojar el edificio y detener a los usurpadores.
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, se emitió un comunicado en el que se detalló que el Instituto contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual superior a los 400 millones de pesos.
“La totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del instituto”, explicaron.
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