La expresidente condenada cumple prisión domiciliaria en el corazón de una de las zonas más inseguras de la Ciudad. El barrio fue invadido por militantes, actos políticos y pintadas kirchneristas, en un clima que roza el descontrol. La Justicia ya advirtió que si se altera la paz, Cristina podría perder el privilegio del arresto en su casa. La Policía Federal tuvo que intervenir para frenar lo que el Gobierno porteño no quiso ni mirar.
El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, fijando una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, la exmandataria cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución. Pero lejos de tratarse de un cumplimiento silencioso de la pena, su presencia generó un desborde político, logístico y social que alteró por completo la vida del barrio.
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Desde el primer día, militantes kirchneristas acamparon frente al edificio, con bombos, gazebos, puestos de comida y actos partidarios que ocuparon el espacio público durante horas. La escena se repite sin pausa; cantan, mientras pintan su rostro en el asfalto, instalan generadores, organizan «culturazos» y esperan, a cualquier hora, que la condenada aparezca en el balcón.
Sin embargo, la propia Justicia fijó límites estrictos: Cristina Kirchner debe abstenerse de alterar la tranquilidad del vecindario. No se necesita una orden judicial para actuar: la autorización para su prisión domiciliaria está supeditada al respeto del entorno. Es un beneficio condicional, no un derecho adquirido.
Y tan claro es ese límite, que la expresidente ya evitó volver al balcón, después de que la Justicia lo advirtiera: ni ella se atreve ahora a “alterar la tranquilidad” del barrio, como hicieron sus militantes durante los primeros días. El ritual de los saludos y arengas desde su ventana se suspendió. Fue un mensaje claro: cualquier reincidencia puede terminar con su traslado a una cárcel común.
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Ante el caos generado por el despliegue kirchnerista, la Policía Federal Argentina (PFA) debió intervenir para contener una situación que se desbordaba. Su presencia fue clave para evitar la consolidación de una “zona liberada” a manos de La Cámpora y sus agrupaciones aliadas. Gracias al despliegue federal, se logró contener la transformación del barrio en una unidad básica peronista a cielo abierto.
“El martes no podíamos salir ni entrar. Los manifestantes copaban las veredas, había bombos todo el día. Esto ya no es una protesta, es una invasión”, contó un vecino que prefirió mantener el anonimato. Otro relató que debió pedir tranquilizantes a su médico y que ni siquiera podía ver televisión por el ruido permanente. La PFA fue decisiva: impuso el orden que el Gobierno de la Ciudad, inexplicablemente, decidió no asumir.
En un contexto donde la inseguridad campea en Constitución, con un delito cada dos días solo en esa manzana. Y a eso ahora se suman las pintadas, los gritos, los actos políticos y la instalación de carpas con merchandising de la líder condenada por corrupción.
En las últimas horas, el hartazgo escaló: otro vecino, denunció en medios que su derecho al descanso fue suprimido. “¿Dónde quedó nuestro derecho al descanso, a la seguridad, a la movilidad? ¿El privilegio judicial de la expresidente vale más que nuestra integridad?”, se preguntó. Mientras tanto, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a una cuadra, fue tomada por militantes que organizan cortes, vigilias, clases públicas y ruidazos.
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