Este fin de semana, la Municipalidad de Avellaneda ejecutó una maniobra política burda: organizó un falso “Campeonato Argentino del Alfajor”, copiando el formato de un evento privado ya instalado y reconocido en el país. Con recursos públicos, montaron una réplica sin legitimidad ni seriedad, utilizando dinero de los vecinos para hacer propaganda electoral.
El evento fue financiado con millones de pesos del presupuesto municipal. Mientras la ciudad enfrenta inseguridad, deterioro urbano y falta de servicios, el intendente Jorge Ferraresi decidió gastar esos fondos en escenografía, cartelería y difusión masiva para un evento con fines exclusivamente proselitistas.
Los premios fueron entregados a empresas que figuraban como sponsors del mismo evento, demostrando el armado a medida y la falta total de transparencia. No hubo competencia real. No hubo evaluación profesional. Solo hubo premios a dedo para quienes formaban parte del engranaje publicitario.
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Entre los jurados se incluyó a un periodista del canal oficialista C5N, sin experiencia en análisis sensorial ni formación técnica. Su inclusión no responde a ningún criterio técnico ni gastronómico. Fue elegido por afinidad política. A diferencia de los verdaderos campeonatos, donde se convoca a especialistas calificados, aquí se seleccionaron figuras mediáticas funcionales a una estrategia de propaganda.
La promoción del evento fue obscena: vía pública, redes, medios alineados y carteles municipales inundaron la ciudad, todo pagado con dinero del Estado. No fue una política cultural ni una acción de desarrollo local: fue una campaña de marketing partidario camuflada como feria gastronómica.
Uno de los datos más burdos fue la necesidad política de que el «campeón» del evento fuera de la zona sur del conurbano. Como por arte de magia, el primer premio terminó en manos de un fabricante oriundo de esa región, cerrando así el círculo narrativo perfecto para Ferraresi: un evento local, un jurado funcional, una premiación direccionada, una épica inventada.
Pero las irregularidades no terminan ahí. A diferencia de cualquier competencia seria, los procedimientos de evaluación y procesamiento de los datos jamás fueron públicos. No hubo acceso a actas, ni protocolo técnico, ni criterios visibles de puntuación. Nadie sabe cómo se calificó ni quién validó los resultados. Es decir: no hubo transparencia de ningún tipo. Solo un veredicto montado.
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Como si esto fuera poco, dentro de la organización hubo personas que fueron desplazadas o directamente expulsadas de otros eventos del rubro por mala praxis, conflictos éticos o desmanejos operativos. Personas sin credenciales ni trayectoria, que hoy reaparecen amparadas por el aparato municipal para reeditar sus viejas prácticas bajo otro escudo.
El hecho más revelador ocurrió el sábado, cuando el propio Ferraresi y varios funcionarios se presentaron en el escenario para entregar los premios. Fue el intendente, sin ningún tipo de pudor, quien se colocó al frente de una ceremonia completamente manipulada. El uso personal del evento quedó expuesto sin posibilidad de disimulo.
Esto no es un error, ni una torpeza de gestión. Es una acción planificada desde el poder político para apropiarse de una marca, manipular su mensaje, usarla como bandera electoral y desplazar a quienes, desde el sector privado, construyeron con esfuerzo un espacio real, federal, profesional y plural.
Se trata de una competencia desleal, donde el Estado juega con ventaja, con dinero público, con estructura institucional y con impunidad. Avellaneda decidió usar su maquinaria para robar una idea, manipularla, tergiversarla y utilizarla como vehículo político.
Este hecho no admite ambigüedades. No es una “polémica”. Es una operación política financiada con recursos públicos. Es una estafa ética, económica y cultural. Y merece ser denunciada con nombre y apellido.
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