En Córdoba se multiplican las investigaciones contra exjefes de las fuerzas de seguridad por delitos de corrupción y asociación ilícita. La causa “Bomberos SA” ya envió a juicio a Gustavo Folli Pedetta, exsubjefe de la Policía y exjefe de Bomberos, junto con otros 15 acusados. La trama muestra un negocio de habilitaciones truchas que comprometió la seguridad de vecinos y empresas.
Por otro lado, en el Servicio Penitenciario, el fiscal Enrique Gavier logró avanzar contra una red que funcionaba dentro de las cárceles. El principal acusado es Juan María Bouvier, jefe máximo del SPC por más de 15 años, señalado de haber organizado mafias internas. Según Fiscalía, los reclusos accedían a celulares, drogas y privilegios a cambio de dinero.
El caso derivó en la imputación de numerosos exjefes penitenciarios y expuso un sistema de corrupción enquistado en los presidios cordobeses. Las maniobras incluyeron pagos por visitas, traslados y modificaciones en informes psicotécnicos. Todo tenía un fin: garantizar salidas transitorias o domiciliarias a cambio de sobornos.
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Mercado y la mafia policial
En paralelo, la Policía provincial también quedó golpeada con la detención de Alejandro Mercado, exsubjefe de la fuerza. Fue acusado de liderar dos bandas delictivas junto a policías en actividad y retirados. Según la Justicia, una organización vendía celulares robados y otra manipulaba causas de Delitos Económicos.
En la causa figuran jefes y exoficiales de alto rango, como Diego Martinelli y Christian Ríos, además de exagentes devenidos en abogados o custodios privados. El alcance del grupo evidencia cómo las mafias policiales lograron operar con impunidad durante años. Las detenciones desnudan los vínculos entre uniformados, negocios ilegales y poder político.
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Ochoa Roldán y “los Simuladores de Azul”
El último capítulo del escándalo lo protagoniza Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exjefe de la Policía Caminera. El fiscal Guillermo González lo acusa de integrar “los Simuladores de Azul”, una banda que montaba operativos ilegales con recursos oficiales. Su especialidad era resolver conflictos por usurpaciones y deudas, siempre por fuera de la ley.
La causa involucra a policías y civiles que utilizaban información de la Jefatura para extorsionar particulares. Los acusados permanecen detenidos en Bouwer y afrontan cargos por asociación ilícita. Estos procesos exhiben una matriz común: estructuras mafiosas incrustadas en las instituciones de seguridad provincial.
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