La fragilidad institucional heredada del kirchnerismo vuelve a quedar en evidencia con un hallazgo alarmante en la provincia de Salta: en el municipio fronterizo de Aguas Blancas, los padrones electorales registran 5.736 votantes habilitados frente a apenas 3.648 habitantes, según el censo 2022. La diferencia —un 57,2% más de electores que de residentes— refleja una maniobra que distorsiona la democracia y que fue denunciada por la Fiscalía Federal con competencia electoral en Salta, a cargo de Ricardo Toranzos.
El informe judicial sostiene que ciudadanos bolivianos tramitan DNI argentino en Aguas Blancas no solo para acceder a subsidios y beneficios sociales, sino también para incorporarse a los padrones locales. “Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, advirtió el Ministerio Público Fiscal.
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Los números no dejan margen a dudas. El documento detalla más de 3.000 electores en domicilios ambiguos y señala que, durante las elecciones presidenciales de 2023, entre 300 y 400 personas cruzaron desde Bolivia cada jornada electoral. Aunque el impacto nacional puede ser marginal, a nivel municipal esas cifras pueden definir una elección.
La investigación comenzó en 2023 con una denuncia de Santiago Alberdi, dirigente de una fuerza nacional, que describió extensas filas de extranjeros cruzando a votar, incluso a cambio de dinero, bajo la modalidad conocida como “voto golondrina”, facilitada por gestiones irregulares de residencia o nacionalidad promovidas durante años por la vieja política.
El fiscal Toranzos, junto a los auxiliares fiscales Carolina Aráoz Vallejo e Ignacio Irigoyen, y el investigador Lisandro Arranz, cruzaron datos de la Secretaría Electoral, el RENAPER y el INDEC. El contraste fue contundente: mientras el censo marcó un aumento poblacional del 52,3% entre 2010 y 2022 (de 2.395 a 3.648 habitantes), los padrones crecieron mucho más: de 3.286 electores en 2015 a 5.736 en 2024, es decir, un 74,6% en una década.
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Ante semejante irregularidad, el martes pasado se desplegó un operativo con 60 efectivos de la Policía de Salta y 40 de Gendarmería Nacional, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad provincial. Se realizaron relevamientos casa por casa y con drones para verificar domicilios y padrones.
Los resultados expusieron la magnitud del fraude. En la calle 20 de Febrero, de apenas 619 metros, se registraron 793 votantes, aunque los relevamientos comprobaron que la mayoría de los inmuebles eran terrenos baldíos, hoteles o depósitos sin viviendas reales. Casos similares se detectaron en las calles 25 de Mayo (729 electores), 9 de Julio (700), Rivadavia (324) y Aguas Blancas (485). Incluso hubo intersecciones con 26 y hasta 39 electores empadronados sin sustento físico en el terreno.
La mayoría de los domicilios aparecía “sin número”, un mecanismo que según el municipio —intervenido desde septiembre de 2024— está en proceso de regularización. Sin embargo, la Fiscalía considera que esa falta de identificación fue utilizada para facilitar el fraude. La causa avanza en la identificación de responsables, así como en la detección de posibles documentos apócrifos usados para avalar las inscripciones.
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